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ISSN1989-1970 |
Octubre-2022 Fulltextarticle |
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Fecha de recepción: 17/08/2022 |
Fecha de aceptación: 30/09/2022 |
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Palabras clave: Representación procesal, derecho romano, vindex, cognitor, procurator, personero. |
Keywords: Process representation, roman law, vindex, cognitor, procurator, personero. |
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LA REPRESENTACIÓN PROCESAL EN CASTILLA: EL PERSONERO Y SU RELACIÓN CON EL VINDEX, EL COGNITOR Y EL PROCURATOR
PROCEDURAL REPRESENTATION IN CASTILE: THE PERSONERO AND HIS RELATIONSHIP WITH THE VINDEX, THE COGNITOR AND THE PROCURATOR
Alejandro Valencia Virosta Profesor contratado Doctor. Universidad Internacional de La Rioja Alejandro.valencia@unir.net ORCID 0000-0002-0439-5594
(VALENCIA VIROSTA, Alejandro. La representación procesal en Castilla: El personero y su relación con el vindex, el cognitor y el procurator RIDROM [on line]. 29-2022.ISSN 1989-1970.p.366-405.https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom)
Resumen: En la actualidad, la representación procesal es aquella función que desempeñan los procuradores de los tribunales al asumir la representación de las partes en todo tipo de procesos. No obstante, esta figura no es una creación reciente, sino que se remonta al Derecho Romano y, posteriormente, al derecho castellano. Para ello, en el presente estudio se analiza, por un lado, la figura del personero como representante procesal en el derecho castellano medieval, concretamente en el imponente texto de las Siete Partidas, y, por otro, en qué medida esta figura es originaria o derivada de sus predecesores romanos como, por ejemplo, del vindex (en el derecho arcaico) o del cognitor y procurator (en el derecho clásico).
Abstract: Nowadays, procedural representation is the function performed by court attorneys in representing the parties in all types of proceedings. However, this figure is not a recent creation, as it dates back to Roman Law and, subsequently, to Castilian Law. To this end, this study analyzes, on the one hand, the figure of the personero as procedural representative in medieval Castilian law, specifically in the imposing text of the Siete Partidas; and, on the other, to what extent this figure is original or derived from its Roman predecessors, such as the vindex (in archaic law) or the cognitor and procurator (in classical law). |
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Sumario: I. LA REPRESENTACIÓN PROCESAL EN EL DERECHO ROMANO. 1. Derecho arcaico: el vindex 2. Derecho romano clásico: el cognitor, el procurator y el defensor II. LA REPRESENTACIÓN PROCESAL EN EL DERECHO CASTELLANO. 1. El personero 2. Breve referencia a los defensores. III. CONFRONTACIÓN DEL DERECHO ROMANO CON EL CASTELLANO. IV. CONCLUSIONES.
I. LA REPRESENTACIÓN PROCESAL EN EL DERECHO ROMANO
1. Derecho arcaico: el vindex.
Según Ana Isabel Virtudes[1], la representación procesal sienta sus orígenes en el procedimiento de las legis actiones y se encuadra dentro de los procedimientos del ordo iudiciorum privatorum.
No obstante, debido al carácter esencialmente personalista del proceso (así como su excesivo formalismo) la figura del representante procesal es prácticamente nula, salvo en aquellos casos en los que la imposibilidad física o geográfica impedía la asistencia al juicio a cualquiera de las partes.
Sin perjuicio de lo anterior, más detallado es el estudio que hace Alfonso Agudo Ruiz[2] sobre dicha institución.
Sostiene que la doctrina romanista afirma mayoritariamente que, durante el periodo de vigencia del procedimiento de las legis actiones, la posibilidad de actuar en juicio a través de una representante queda excluida (en tanto que se exigía a las partes la comparecencia personal en el proceso para desarrollar, ante el juez o el magistrado, sus respectivas pretensiones).
No obstante, no existe ningún texto contemporáneo al procedimiento de las legis actiones que corrobore dicha postura, siendo necesario acudir a textos postreros de la época clásica o postclásica.
En este sentido, la doctrina basa sus razonamientos en los pasajes de Gayo I.4.82[3] y de Ulpiano D. 50.17.123 pr. (Ulpianus, XIV ad edictum)[4], al sostenerse en sendos textos, que la posibilidad de litigar nomine alieno no era lícito en el referido procedimiento[5].
Por el contrario, Agudo Ruiz mantiene una postura contradictoria a las tesis planteadas con anterioridad.
El autor manifiesta que, pese al rigor absoluto del pasaje de Gayo, existen diversas excepciones recogidas en el propio pasaje de Gayo, en la Paráfrasis de Teófilo[6] (refiriéndose a los supuestos de: pro populo, pro libertate, pro tutela y la ex lege Hostilia) y en las Instituciones de Justiniano (posiblemente en referencia a las legis actiones).
En este sentido lo expresa Fidel Reyes Castillo[7], en base al pasaje de Gayo I.4.183[8], al afirmar que, en especiales circunstancias, no había obligación de acudir personalmente al permitir el pretor la representación de éstos.
Si bien, en la tesis que expone Agudo Ruiz no encontramos alusiones directas al procedimiento de ejecución personal de la manus iniectio.
En este sentido, resultan interesantes los postulados VonIhering[9] y, más recientemente, Albanese[10] al manifestar que el oficio de representante o sustituto procesal recaía en la figura del vindex[11], liberando al vocatus de la sujeción a la acción, o, como define César Benayas Huertas[12] al seguir la tesis planteada por Ihering, aquel garante y representante procesal del deudor.
Por su parte Álvaro d’Ors[13], al referirse a la figura del vindex lo califica, además de lo antedicho, como un defensor del deudor[14].
Por lo que se deduce que es un tercero[15]el que interviene en el proceso ejecutivo con la finalidad principal de defender al deudor condenado al pago de una cantidad cierta de dinero
Es decir, saliendo en su defensa y oponiéndose a lo manifestado por el acreedor afirmando la injusticia de su pretensión, con el riesgo (en caso de que la solución del juez fuese contradictoria a la afirmación hecha por éste) de ser condenado al doble de la deuda negada y sufrir el procedimiento de la manus iniectio.
No obstante, actualmente las tesis que abogan por la figura del vindex como representante procesal, defensor, o ambos oficios de manera simultánea son minoritarias y han sido rebatidas por la doctrina mayoritaria[16].
Todo ello pese a la solidez y conveniencia de las posturas sostenidas por la antigua doctrina que son contrapuestas al principio antes referido, por el cual se excluía la posibilidad de representación en juicio (reduciéndose las funciones del vindex al mero deber de presentar al reo en juicio, garantizando la comparecencia futura del demandado).
Es decir, como dice Martino[17], el vindex actúa como garante del demandado con la salvedad de que éste no se obliga mediante estipulación.
2. Derecho romano clásico: el cognitor, el procuratory el defensor.
Con el procedimiento formulario[18] son los oficios del cognitor[19]y el procurator los encargados de representar o sustituir en juicio a las partes en liza[20].
Así, relata Antonio Pérez Martín[21], en el proceso formulario se distinguían dos tipos de representación: la representación legal y la representación voluntaria.
En primer lugar, la representación legal o directa, es aquella llevada a cabo por los tutores y curadores (como representantes de los incapaces) y por los actores, síndicos y curadores, como representantes de las corporaciones.
Aquí el representante es quién consume la acción, mientras que la ejecución recae en el representado.
Es en la representación voluntaria o indirecta donde, a su vez, distinguimos al cognitor (o representante nombrado de acuerdo con unos requisitos formales en presencia del adversario) y al procurator (cuyo nombramiento no precisa de formalidad alguna).
Además de su diferencia respecto de los aspectos formales, ambas figuras se diferencian en que mientras que con el cognitor la acción procesal se extingue definitivamente y la acción ejecutiva de la sentencia se da en favor del representado, cuando la representación es realizada por un procurator la acción procesal no se consume para el demandante, pudiendo volver a ejercitarla[22] y la acción ejecutiva corresponde al representante y no al representado.
No obstante, durante la última época, la jurisprudencia lo equiparó al cognitor, siempre que éste hubiera sido presentado personalmente, es decir, procurator praesentis, o se constataba de otro modo su nombramiento desde el principio yla acción procesal se consumía y la acción ejecutiva corresponde al representado.
No obstante, advierte Antonio Pérez Martín[23]que, en el proceso civil – durante el periodo clásico – rigió el principio de negación de la representación directa, admitiéndose exclusivamente la representación indirecta.
Es decir, la realizada por las figuras del procurator y el cognitor, tal y como se pone de manifiesto en numerosos textos romanos[24] sintetizados, entre otros, en los principios de alteri stipulari nemo potest, praeterquam si servus dominio, filius patri stipuletur[25], et ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere ut alter suo nomine recte agat possumus[26], y per liberam personam nihil nobis acquiri potest[27].
Así las cosas, siguiendo a Rafael Bernard Mainar, podemos definir brevemente a ambas instituciones, sin perjuicio de un desarrollo posterior a continuación.
Por tanto, debe entenderse por cognitor como «aquél designado para una causa concreta y que representaba a las personas mayores de sesenta años o enfermas que no podían litigar por sí mismas. Su nombramiento era solemne, ante el magistrado y ante la otra parte del proceso. Mientras que el procurator servía como un representante común y ordinario, si bien en la modalidad indirecta»[28].
No obstante, en la época justinianea, desaparece la figura del cognitor y subsiste la del procurator, si bien, concebido como una forma de representación directa.
De modo que, siguiendo a Alfonso Agudo Ruiz[29], procedemos a desarrollar la figura del cognitor.
En primer lugar, se ha de advertir que el cognitor actúa siempre y cuando lo deseen los litigantes, siempre que se respeten unos requisitos formales en su nombramiento.
Dichos requisitos formales[30] son recogidos extensamente en las Instituciones de Gayo (concretamente en el pasaje de Gayo I.4.83[31]) y que vienen a ser el pronunciamiento de unas ciertas palabras sacramentales y solemnes[32], delante de la otra parte litigante, por las cuales el cognitor asume el proceso en nombre propio.
En cuanto su designación, la doctrina discute si era preceptivo que la designación se realizara en presencia del magistrado, aunque la doctrina mayoritaria[33] (como, por ejemplo, Ursicino Álvarez Suárez[34] - entre otros[35] -) niega tal requisito en base al silencio que guarda el testimonio de Gayo al respecto.
No obstante, como contempla Alfonso Agudo Ruiz[36], no se puede excluir que en una fase primitiva se exigiera que el nombramiento del cognitor se realizara ante el magistrado y desapareciera tal exigencia, de manera paulatina.
En cuanto a la forma de designación, según el testimonio gayano existían dos fórmulas, pero no informa en qué casos se empleaba una u otra existiendo diversas teorías al respecto[37].
Así las cosas, como sostienen Ursicino Álvarez Suárez y Arias Ramos[38], la dualidad de fórmulas sugiere que la designación se hacía en ambos casos en momentos diferentes del proceso.
De este modo, la primera fórmula iría dirigida al nombramiento del cognitor en el momento de la litis contestatio o en la fase in iudicio y la segunda vendría a usarse en el momento previo a la litis contestatio o en el momento de la edictio actionis extraprocesal.
En cuanto a los efectos de la representación del cognitor, afirma Antonio Fernández de Buján[39] que, puesto que no se reconoce la representación directa en el Derecho romano, el cognitor asume los efectos positivos o negativos derivados de sus funciones como representante procesal y trasladándose éstos en un momento posterior, en virtud de las relaciones internas entre representante y representado, al representado.
Lo manifestado en el último párrafo confirma que el cognitor únicamente interviene en el proceso concreto para el cual ha sido nombrado, pues el cognitor sustituye a su representado a todos los efectos consumiéndose la acción al llegar a la litis contestatio[40].
Lo antedicho es narrado por Gayo al decir que: Ac nec si per cognitiorem quidem agat, ulla satisdatio vel ab ipso vel a dominio desideratur; cum enim certis et quasi sollemnibus verbis in locum domini subsituatur, cognitor, merito domini loco habetur[41].
En consecuencia, si la sentencia era favorable, como informa Alfonso Agudo Ruiz[42], el cognitor podía pedir la ejecución al poseer la actio iudicati y, a continuación, el representado debía dirigirse a éste, en virtud de las relaciones de mandato, para exigir lo logrado en el pleito[43].
Por el contrario, si fuese discorde el cognitor trasladaría los perjuicios al representado.
Todo ello sin perjuicio de la compensación económica que el cognitor recibía en contraprestación por las delicadas funciones que debía cumplir, por lo que dejó de ser una actuación gratuita[44].
En último lugar, debemos mencionar que si el demandado es quien designaba el cognitor, como afirma Antonio Fernández de Buján[45], se exigía prestar una garantía por parte del representado[46] que se consumía junto con la acción.
Finalmente, como informaba en anteriores párrafos Antonio Pérez Martín, cabe atender a la figura del procurator como otro tipo de representante procesal.
No obstante, cabe apuntar que, como afirma Arias Ramos[47], que en la época justinianea el cognitor desaparece quedando, exclusivamente, el procurator con mandato o sin él.
El procurator es definido por Antonio Fernández de Buján[48] como el administrador general del patrimonio de una persona, asumiendo la representación en los juicios en el ámbito de la gestión patrimonial conferida, en los que se veía inmerso su representado.
En cuanto al nombramiento, dice Álvarez Suárez[49] que,a diferencia del cognitor, el procurator interviene en el litigio en virtud de un mandato genérico, anterior al litigio y otorgado sin la presencia o conocimiento del otro litigante.
Por tanto, como afirma Alfonso Agudo Ruiz[50] la designación del procurator como litigante en favor de su representado sucede en el momento procesal de la litis contestatio, asumiendo todos los efectos positivos o negativos del pleito como si fuera realmente parte de este.
Si bien, han de atenderse a unas ciertas consideraciones en función de si el procurator representaba a la parte demandante o demandada.
En el primer supuesto, es decir, si el actor litigaba por medio de este representante procesal debía prestar al demandado una garantía de que no intentará ningún otro litigio pues, a diferencia de lo visto en la figura del cognitor, la acción no se extingue al ser el mandato de carácter genérico.
Mientras que, si es el demandado quien litiga por medio del procurator deberá prestar una cautio iudicatum solvi[51] por la que se compromete a acatar y cumplir la sentencia, ejercitándose, en su caso, la acción ejecutiva en contra del procurator.
En cuanto a los efectos, basta decir que son idénticos a los vistos anteriormente en la figura del cognitor, es decir, si la sentencia era favorable el representante obtenía la actio iudicati y era ejercitada por el representado.
Por el contrario, si el resultado del pleito era fallido, el representante trasladaría los efectos negativos al representado, todo esto en virtud de las relaciones del mandatum.
Así mismo, de igual manera que decíamos en relación con el oficio del cognitor, el procurator recibía una contraprestación económica.
Finalmente, cabe resaltar, como apunta Alfonso Agudo Ruiz[52], que la figura del procurator «se asimila a la del ‘defensor’, que asumía, por propia iniciativa y de forma espontánea, la representación a favor de otra persona en el litigio», es decir, actuaba sin mediar un mandato genérico.
II. LA REPRESENTACION PROCESAL EN EL DERECHO CASTELLANO
En el derecho castellano, las Partidas disponen que la confesión podía realizarse de tres maneras diferentes: por sí, por su carta y por su personero.
No obstante, el término personero es equivalente al término de mandatario[53] (si bien, el primero recibe tal nombre por influencia procesal, en tanto actúa en nombre de la persona del mandante).
Dice Antonio Pérez Martín que: «las Partidas recogen fielmente la doctrina romana en lo relativo a los cinco tipos de mandato: en beneficio del mandante[54], de un tercero[55], del mandante y de un tercero[56], del mandante y del mandatario[57] y del mandatario y de un tercero[58]. El mandato en favor solo del mandatario se considera consejo y no mandato y no obliga a responder a no ser que se haga dolosamente, por engaño[59]»[60].
En primer lugar, debemos advertir que no toda persona podía tener personero, aunque, como regla general, dice la Partida III, Tít. V, Ley I que: Todo hombre que fuere mayor de veinte e cinco años, e que no estuviere en poder de otro, así como de su padre o de su guardador, e fuere libre, e en su memoria, puede hacer de personero, sobre pleito que le pertenezca[61].
Frente a la regla general, existen algunas reglas de carácter especial que son directamente aplicables, dependiendo del caso concreto[62].
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente, en el caso del menor de veinticinco años puede tener personero si su guardador lo consiente, o, si no lo consintiere, el menor podría tener personero, pero únicamente sería válido en aquellos efectos que le beneficiaren al menor, tal y como se indica en la Partida V, Tít. V, Ley II[63] y en consonancia con lo visto con anterioridad al estudiar al menor como deudor.
Otra excepción también la encontramos en el caso de que las personas, denominadas ‘honradas’, como pudiera ser un clérigo o caballero, al no poder defenderse por sí mismos, deben dar personeros que respondan por ellos en los lugares en que sea el pleito, salvo en el caso de pleito criminal que atañese a su fama o persona[64].
1. El personero.
Centrándonos en la figura del personero, debemos decir que está cuidadosamente detallada en el texto de las Partidas[65], concretamente en la Partida III, Tít. V «De los personeros».
De esta manera se entiende por personero a: aquél que recauda o hace algunos pleitos o cosas ajenas por mandado del dueño de ellas. E ha nombre personero porque parece, o está en juicio o fuera de él, en lugar de la persona de otro[66].
Si bien, como afirma José Rodríguez Molina[67], hay distintos tipos de personeros, los designados para seguir los pleitos[68] o los encargados de la solución de problemas extrajudiciales[69], diferenciándose, entre otros aspectos, en que mientras los primeros no pueden delegar en otro hasta que se haya iniciado el juicio (salvo que en el poder concedido se hubiera estipulado lo contrario) los segundos pueden libremente delegar en sus sustitutos[70].
No obstante, el personero (como cualquier otro oficio institucionalizado) tenía que cumplir una serie de requisitos personales[71] para el ejercicio de su misión principal que era la de representar y defender los intereses de aquél de quién es personero[72].
Todo ello queda reflejado en la Partida III, Tít. V, Ley V al manifestar que: Ser puede personero por otros todo hombre a quien no es defendido, por alguna de las leyes de este nuestro libro. E aquellos a quien lo defiende son estos: el menor de veinte e cinco años, el loco, el desmemoriado, e el mudo, e el que es sordo de todo, e el que fuese acusado sobre algún gran yerro, en cuanto durase la acusación[73].
En el caso de la mujer y el clérigo, la ley advierte que, en los casos tasados, pueden ser personeros[74].
No obstante, nos recuerda Rodríguez Molina[75] que no podemos caer en el error de confundir la figura del personero con la de un simple procurador ante los tribunales de justicia.
Esto es debido a que, pese a que así es como lo conciben las Partidas, en un estudio detenido del texto, se muestra como el personero – además de las propias de la procura– realiza otras tareas distintas denominándose en todas simultáneamente tanto personero como procurador.
En consonancia con lo anterior, se puede asegurar que las funciones del personero, aunque diversas, siempre están ligadas a la actividad judicial[76] (aunque, de acuerdo con el texto de la ley, éstos no pueden actuar en toda clase de juicios, como, por ejemplo, en los pleitos en que pueda devenir sentencia de destierro o pérdida de algún miembro[77]).
Por el contrario, la actuación de los personeros en aquellos pleitos que derivasen del procedimiento de cesión es indubitada, en tal sentido, además de la citada Ley I del Tít. XV Partida III, se pronuncia la Ley XII (del mismo Título y Partida), reguladora del oficio de personero, al expresarse en los siguientes términos: Pleitos hay en que pueden ser dados personeros, e otros en el que no. De donde decimos, que en toda demanda que haga uno contra otro, ya sea sobre cosa mueble o raíz, que puede allí ser dado personero para demandarla en juicio (…)[78].
No obstante, debemos resaltar que para poder ser personero es necesario que el interesado proceda a nombrarlo formalmente, aunque no estuviere presente en el momento del nombramiento[79], de la manera que se describe en la Partida III, Tít. V, Ley XIII, por la cual: La manera de como puede un hombre hacer de personero a otro es ésta, que diga señaladamente quien es aquél que quiere hacer su personero, e púedelo hacer, aunque no esté delante, tanto como si fuese presente. E cuando lo hiciere, de palabra, estando delante, o por carta estando en otra parte, debe decir tales palabras en haciéndolo: ruego, o quiero, o mandó a fulano, que sea mio personero sobre tal mío pleito o hágole mio personero u otórgale poder que lo sea, o diciendo otras palabras semejantes a éstas. E aún puédelo hacer por su manadero cierto. E en cualquier de estas maneras sobredichas que lo haga, púedelo otorgar por su personero, para siempre o hasta tiempo señalado, e aún lo puede hacer en condición o sin ella.[80].
Dentro de los requisitos formales del nombramiento de un personero cobra especial relevancia la carta de personería, ya que, de dicha carta, dependía la legitimidad del nombramiento y, en consecuencia, la validez del nombramiento[81].
En este sentido dice la Partida III, Tít. V, Ley XIV, que: Porque los jueces sean ciertos, cuando la carta de personería es cumplida, queremos decir en esta ley, en que manera debe ser hecha. E decimos, que tal carta puede ser hecha en tres maneras. La primera, por mano de escribano público de concejo. La segunda, por mano de otro escribano cualquiera, e que sea sellada con sello del rey, o de otro señor de alguna tierra, o de arzobispo, o de obispo, o de otro prelado cualquiera, o de maestre de alguna orden, o de otro sello de algún concejo. La tercera es, cuando alguna de las partes hace su personero delante del juez, e mándalo escribir en el registro del alcalde, ante quien le hace personero. E cuando la carta de personería, fuere hecha por mano de escribano público, o sellada con alguno de los sellos sobredichos, debe ser escrito en ella el nombre de aquél que hace el personero, e el de aquél quien otorga la personería, e el nombre de su contendiente, e el pleito sobre que lo hace su personero, e el juez ante quien se ha de librar el pleito. E que él otorga el poderío de demandar, e de responder, e de conocer, e de negar. E debe decir en fin de la carta, que estará por cuanto hiciere e razonare el personero en aquel pleito, e que se obliga a sí e a todos sus bienes para cumplir todo lo que fuere juzgado contra él en aquel pleito. E sobre todo, debe ser escrito en ella el lugar, e el día, e la era en que fue hecha. Mas, cuando alguna de las partes hiciere su personero delante del juez en la tercera manera que de suso dijimos, abunda que diga, e sea escrito en los actos: fulano hace su personero a fulano, en el pleito que ha ante fulano, alcalde, contra tal contendiente. Pues, por tales palabras como éstas, ha el personero tan acabado poder, para comenzar e seguir con el pleito como si fuesen allí dichas y escritas todas las otras cosas que de suso dijimos. E si la carta fuere hecha de mano del escribano público, deben ser escritos los nombres de los testigos ante quien fue mandada hacer[82].
Además, la Partida III, Tít. V, Ley XVIII[83]permite que, para demandar o responder en juicio, se nombrase a una pluralidad de personeros siempre que así se señalara en la carta de personería.
Decía Rodríguez Molina[84] que las funciones del personero eran diversas, aunque siempre destinadas a responder a las demandas y cualesquiera preguntas que se suscitasen en el juicio en favor de su mandante[85], y ligadas a la actividad judicial.
Si bien, hemos de recordar que, el personero actúa bajo el incuestionable mandato de aquél quien le manda, es decir, el interesado, y por tanto sus funciones dependen, como afirma el cuerpo legal, de lo señalado en la carta de personería, respetando, en todo caso, lo prescrito en la Partida III, Tít. V, ley XIX[86] reguladora de la acción del personero en virtud de tal mandato.
Sin perjuicio a lo descrito anteriormente en el ejercicio de sus funciones, los personeros del demandado deben de prestar fiadores[87], con independencia de que traigan o no carta de personería, con el fin de asegurar el pago de lo que fuese juzgado.
En cuanto a la finalización de su labor, el oficio del personero concluye con la muerte del mandante o con la del propio personero, si bien, en el caso de la muerte del mandante tras dar inicio al pleito, bien por demanda o por respuesta, éste debe seguir en su oficio hasta que concluya, sin que sea necesario que los herederos del mandante le confirmasen en su oficio.
Más, si es el personero el que fallece una vez comenzado su oficio en el pleito, son los herederos de este último, siempre que cumpliese los requisitos antes mencionados, los que deben seguir el juicio.
Finalmente, el oficio del personero también concluirá, cuando el juicio haya también concluido, salvo que cupiese alzada ante sentencia condenatoria, en cuyo caso, si el mandante lo permite, será personero hasta que este recurso se haya consumido[88].
No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, el oficio del personero también concluye cuando su mandante lo haya removido[89].
Finalmente, debemos atender al sistema de responsabilidad al que está sujeto el personero (descrito en la Partida III, Tít. V, Ley XXVI[90]), donde se recogen aquellos supuestos en los cuales por su culpa o engaño perjudicase a su mandante.
En este sentido, Antonio Pérez Martín[91] añade que el personero también responderá por culpa levísima, además de por dolo y culpa, como dijimos anteriormente.
Por tanto, en primer lugar, si ganare el juicio, dice la Partida III, Tít. V, Ley XXV[92] que el personero debe entregar a su mandante todo aquello que ganó del pleito, recibiendo a cambio una contraprestación por los servicios prestados.
Por el contrario, si lo perdiese, de acuerdo con el texto de la Partida III, Tít. V, ley XXVII[93], la condena recaerá, en primer lugar, únicamente sobre los bienes del mandante que puso en disposición de su personero. Mientras que si dichos bienes, por cualquier causa, no fuesen suficientes entonces serán los bienes de los fiadores que el personero del demandado dio los que sufran tal suerte, por tanto, la condena nunca recaerá sobre los bienes propios del personero.
2. Breve referencia a los defensores.
Junto a la figura del personero, en las Partidas en Partida III, Tít. V, Ley XXVII[94], se contempla la intervención de otros agentes externos, llamados defensores, que, sin estar legitimados por el demandado o demandante, ejercen funciones similares a las realizadas por los primeros (es decir, la defensa del acusado o peticionario en juicio).
La principal diferencia entre los personeros y los defensores es que, al carecer éstos últimos de legitimidad, en el caso de que resultaran vencidos en juicio deben de responder con sus propios bienes ante tal condena, sin implicar los bienes de su defendido.
Mientras que, si, por el contrario, resultasen victoriosos del juicio, al igual que sucedía con el oficio de personero, el defendido debe de pagar a éste las costas y misiones que haya realizado, siendo independiente la disposición positiva o negativa de efectuar dicho pago por parte del beneficiado por el pleito.
III. CONFRONTACION DEL DERECHO ROMANO CON EL DERECHO CASTELLANO.
Así pues, podemos hallar cierta relación entre la figura del personero, del derecho castellano, y el vindex, del derecho romano arcaico.
No obstante, la figura del vindex es objeto de múltiples discusiones que manifiestan una postura no unánime de la doctrina frente a éste, posiblemente debido a la ausencia de textos al respecto.
En primer lugar, y la más importante, tanto el personero como el vindex[95] tienen como función principal la defensa del deudor demandado, es decir, ambos sujetos se contraponían a las pretensiones manifestadas por el demandante con el fin de que éstas no fuesen atendidas por el juzgador y, en consecuencia, que no respondiera con sentencia condenatoria en contra de su defendido o mandante.
Además, también ejercían funciones de representación o sustitución procesal del demandado en juicio, evitando así situaciones de incomparecencia presente o futura del fallido, permitiendo que el proceso siguiera su curso sin interrupciones de ningún tipo.
Igualmente, en ambos sujetos se manifiesta, en cierto modo, la exigencia de que éstos tuviesen una solvencia suficiente reconocida para hacer frente a las posibles consecuencias derivadas de una sentencia condenatoria.
Así, los personeros (para actuar en el pleito) debían de presentar unos fiadores, mientras que el vindex, de manera equivalente, debían demostrar que su situación económica no era peor que la de su defendido, y, que éstos podían responder, efectivamente, a las consecuencias negativas del proceso.
Íntimamente relacionado con lo susodicho en el párrafo anterior, ambos, en el supuesto de que fuesen vencidos en juicio, debían responder por su fallida defensa.
En el procedimiento de la manus iniectio el vindex respondía juntamente con el deudor al pago de la multa del doble de lo negado, mientras que el personero, si bien no respondía directamente con sus bienes, respondía con los bienes de sus fiadores entregados a tal efecto, quedando obligado con estos últimos en momento posterior.
No obstante, difieren respecto al vínculo que unía al mandante con su personero o vindex, es decir, en el primero, salvo en casos excepcionales[96], el personero solo podía actuar en favor de su mandante en virtud de lo prefijado en la carta de personería, mientras que, en la relación del vindex con el deudor demandado, no se requería tal formalidad ya que, como advierte Martino, éste no se obliga mediante estipulación.
Pese a las similitudes encontradas en ambas instituciones, debemos advertir que las mismas resultan de una construcción teórica, posiblemente forzada, ya que no debemos olvidar que, la consideración del vindex como representante procesal o defensor del demandante, son resultado de postulados sostenidos por la antigua doctrina y que, como dijimos, han resultado ampliamente refutados.
No obstante, al carecer de fuentes determinantes y absolutas relativas a aquel procedimiento, sería imprudente no contemplar las diferentes interpretaciones que ha dado la doctrina, con el pasar del tiempo, al respecto, en suma, cuando dichas interpretaciones pudieron ser las mismas llevadas a cabo por los juristas castellanos y, en consecuencia, inspiradoras de la dicción literal de los preceptos de las Partidas.
Ya dijimos que el oficio de personero venía a identificarse como aquel tercero que asumía la representación y defensa de una parte litigante en virtud de una relación de mandato reflejada en la carta de personería, coincidiendo tal definición, en términos generales, con la dada a los oficios romanos del cognitor y procurator.
Atendiendo al nombramiento del personero, vimos cómo, a tenor de lo dispuesto en la Partida III, Tít. V, Ley XIV, la carta de personería era el requisito indispensable del que dependía la legitimidad de la representación del litigante para un pleito concreto, para un tiempo determinado o ‘para siempre’, es decir, la carta de personería suponía tanto un mandato particular como genérico, tal y como viene confirmado por la Partida III, Tít. V, Ley XIII.
En consecuencia, si la relación de mandato nacía para un pleito concreto, la acción se consumía con el litigio, pues, como afirma la Partida III, Tít. V, Ley XXIII, «se acaba el oficio de personero luego que el juez da juicio afinado sobre el pleito en que era personero», y, por tanto, coincidiendo con la tradición romana en relación con la figura del cognitor pues, como se anuncia en el fragmento gayano de Gayo I.4.97, la función de este representante se ceñía a una controversia concreta.
Mientras que, si en la carta de personería no aludía a un supuesto concreto sino, más bien, a una representación para futuros litigios, la regulación castellana verá su reflejo en la figura del procurator quien actuaba en virtud de un mandato genérico.
En cuanto a la designación del personero, en virtud de lo manifestado por la referida Partida III, Tít. V, Ley XIII, dijimos que no se requiere su presencia en el nombramiento y lo mismo puede verse en lo previsto por la tradición romana al no requerir que el procurator fuese nombrado en presencia del magistrado o en presencia del otro litigante.
Sin embargo, con la figura del cognitor, pese al silencio que se desprende del pasaje de Gayo I.4.83, parte de la doctrina considera que, si pudo requerirse que tal designación se hiciese en presencia del magistrado, como sostienen diferentes textos, como, por ejemplo, en Isidoro, Differ. I, 123, en consecuencia, si bien pudo requerirse el nombramiento del cognitor in iure parece ser que este requisito fue desapareciendo paulatinamente y no se requiriese (al igual que sucedía en el supuesto del procurator su nombramiento en presencia de dichos agentes) siendo motivo de coincidencia con la regulación castellana.
Respecto a los aspectos formales que debía respetar la carta de personería alude la antedicha Partida III, Tít. V, Ley XIII al empleo de unas palabras ciertas, a saber: ruego, o quiero, o mandó a fulano, que sea mio personero sobre tal mío pleito o hágole mio personero u otórgale poder que lo sea, o diciendo otras palabras semejantes a éstas.
Este empleo de fórmulas concretas venía igualmente exigido para el nombramiento del cognitor, en los términos expresados por el texto de Gayo I.4.83, mientras que el nombramiento del procurator no requería ninguna forma concreta en su designación.
En cuanto a los efectos, la Partida III, Tít. V, Ley XXV manifiesta que el personero debe entregar a su representado lo ganado en juicio y, en idénticos términos, la tradición romana, tanto en el oficio de procurator como en el de cognitor, sostiene que si el representante obtiene una sentencia favorable recibía la actio iudicati debiendo ser ejercitada por el representado en virtud de las relaciones del mandato.
Mientras que, si la sentencia era condenatoria, la Partida III, Tít. V, Ley XXVII, recaerá sobre el mandante, y, efectivamente, en el Derecho romano estas consecuencias negativas se trasladaban al representado.
Respecto a las garantías que se habían de ofrecer a la otra parte, en el Derecho romano si el representante actuaba en favor del actor se exigía que éste garantizara que no intentaría un litigio después contra el demandante.
Sin embargo, en la regulación castellana en la Partida III, Tít. V, Ley XXIII, si cabía alzada, el personero podía volver a representar y defender a su representado siempre y cuando lo permitiese el mandante y, por tanto, discordando con lo previsto por la tradición romana.
Además, se exigía, en virtud de la Partida III, Tít. V, Ley XXI, prestar fiadores en el caso de que el litigador fuese el demandado con el fin de asegurar el pago de lo que fuese juzgado, y si no fuesen suficientes, como explica la Partida III, Tít. V, Ley XXVII, serán los bienes de los fiadores que el personero del demandado dio los que sufran tal suerte, nunca los bienes propios del personero.
En este sentido se pronuncia el pasaje de Gayo I.4.101 al solicitar a la parte demandada prestar una cautio iudicatum solvi por la que se compromete a acatar y cumplir la sentencia, sin embargo, a diferencia de Ley de Paridas, la acción ejecutiva recaía sobre los bienes del procurator, independientemente de que éste vuelque los efectos contra su representado.
Finalmente, en cuanto a la remuneración de la actividad económica que desempeñan estos representantes procesales, afirmamos que lo dispuesto por la citada Partida III, Tít. V, Ley XXV coincide con lo previsto por la regulación romana al considerar que el oficio de cognitor o de procurator recibía una contraprestación económica pues, ya en el procedimiento formulario, dejo de concebirse como una actuación gratuita.
IV. CONCLUSIONES.
En definitiva, vemos como la figura del personero viene a coincidir en gran medida, a excepción de las salvedades comentadas, con ambos representantes procesales contemplados por el Derecho romano identificándose con uno o con otro dependiendo de si el mandato era para un pleito concreto, en cuyo caso se identifica con el cognitor, o si el mandato tenía un carácter genérico, asimilándose a la figura del procurator.
Finalmente, describíamos que las Partidas contemplaban un segundo tipo de representantes procesales, llamados defensores, que actuaban de manera espontánea y sin legitimación alguna en defensa del acusado o peticionario en juicio, descripción que, por otra parte, viene a coincidir plenamente con el representante romano de igual nombre y que actuaba espontáneamente, sin mediar mandato genérico, en defensa de las partes en liza.
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