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ISSN 1989-1970 |
Abril-2023 Full text article |
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Fecha de recepción: 14/02/2023 |
Fecha de aceptación: 27/02/2023 |
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Palabras clave: Jurisprudencia Romana, Celso el hijo, Covid 19 |
Keywords: Roman Jurisprudence, Celso the son, Covid 19 |
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COVID 19. LA LEGISLACIÓN ITALIANA SOBRE LA EMERGENCIA SANITARIA A LA LUZ DE LA DEFINICIÓN CELSINA DEL DERECHO
COVID 19. ITALIAN LEGISLATION ON THE HEALTH EMERGENCY IN THE LIGHT OF CELSINA DEFINITION OF LAW
Andrea Trisciuoglio Professore associato di diritto romano Dipartimento di stuci storici Università di Torino (I) ORCID 0000-0002-5780-6684
(TRISCIUOGLIO, Andrea. COVID-19. La legislación italiana sobre la emergencia sanitaria a la luz de la definición celsina del derecho. RIDROM [on line]. 30-2023. ISSN 1989-1970. p. 459-471. https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom)
Resumen: La definición del derecho de Celso (ius est ars boni et aequi) nos indica criterios generales para la producción, interpretación y aplicación del derecho. ¿Se han respetado en la legislación italiana sobre la reciente emergencia pandémica? Abstract: Celsus definition of law (ius est ars boni et aequi) indicates general criteria for the production, interpretation and application of law. Have they been respected in the Italian legislation on the recent pandemic emergency? |
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La única definición de derecho (por género próximo y diferencia específica) que encontramos en las fuentes romanas, al comienzo del Digesto de Justiniano, se remonta a Celso-hijo (siglo II d.C.) [1], quien consideraba el derecho como un “arte” que crea una solución óptima (la más razonable) para el caso concreto según un criterio de igualdad proporcional en los diversos aspectos de la actividad jurídica: producción, interpretación, aplicación del derecho. En otras palabras, toda la actividad jurídica según Celso-hijo es la búsqueda del bonum et aequum. Filippo Gallo, mi Maestro, ha escrito páginas fundamentales sobre este planteamiento dinámico (no pasivo) de Celso útil para la refundación de la ciencia jurídica moderna [2], elaborando una teoría general del derecho que contempla también la posibilidad de inaplicar el derecho establecido de antemano por la autoridad. No tenemos que olvidar que el sistema romano de la época clásica preveía esta posibilidad en el ejercicio de la iurisdictio, si en el caso concreto una regla hubiera estado en conflicto con el bonum et aequum [3]. Esta interpretación "galliana" de la definición celsina es en verdad muy diferente de la lectura propuesta por los glosadores, que se basa en la derivación del ius de la iustitia dejando espacio para un componente moral subjetivo inherente al bonum, a veces identificado diferentemente con lo utile (o sea la utilitas publica)[4]. En cambio, hace hincapié sobre un legado perdido[5] del Derecho romano descuidado en el ius commune y hasta nuestros días. En efecto, según la lectura “galliana”, estamos muy lejos de una mentalidad positivista: en la época del Derecho romano clásico había un hombre (magistrado, jurista) que evaluando caso por caso y compartiendo un sistema de conocimientos y valores, decidía si y cómo aplicar una regla establecida anteriormente[6]. Esta actitud flexible hacia la norma ya fue abandonada con Justiniano, quien, con su doctrina legum, adopta una visión positivista[7].
La medicina, como el derecho, es un arte (ars) según Aulo Cornelio Celso (que también vivió en el siglo II d.C.)[8], un saber teórico-práctico que no puede desligarse de una evaluación cuidadosa y diferenciada de los casos clínicos. La cercanía entre la ciencia médica y la ciencia jurídica se encuentra en la expresión “clinica del diritto (derecho clínico)” con la que Francesco Carnelutti[9], y, antes de él, Rudolf von Jhering[10], propusieron un replanteamiento de la formación jurídica universitaria más centrada en los casos prácticos.
Y llegamos a nuestros días y al manejo legal de la pandemia de Covid-19 que ha ofrecido muchos elementos de reflexión también a los romanistas[11] y a los historiadores del derecho[12]. Mis observaciones se refieren de manera privilegiada a las medidas legislativas adoptadas en Italia que en muchos aspectos pueden ser criticadas, y no solamente desde el punto de vista del Derecho constitucional (pero no voy a detenerme sobre este punto)[13]. Voy a utilizar el Derecho romano (clásico) como instrumento para la crítica del derecho positivo (con lo cual comparto la línea “ideológica” de investigación de Armando Torrent)[14].
La evaluación prudente, según la ciencia y la conciencia, de la situación “individual” de los ciudadanos a vacunar -quiero subrayar, en una fase avanzada de la pandemia cuando el covid-19 era un virus más conocido por la comunidad científica médica- fue indebidamente obstaculizada en particular con dos medios convergentes que han quitado "humanidad" a la medicina, limitando mucho el ámbito de la responsabilidad del médico[15]. Por humanidad entiendo la aptitud para identificarse con otra persona, en particular cuando la misma manifiesta un estado de necesidad, en nuestro caso la necesidad de salud amenazada en diversos grados por una enfermedad previamente desconocida[16]. Este concepto corresponde a una de las numerosas acepciones de humanitas que emerge en las fuentes jurídicas romanas como principio que orienta soluciones para casos concretos[17].
1) En primer lugar, la adopción de protocolos estándar que casi hacían superflua la anamnesis (o sea la recopilación detallada de información sobre el paciente) caso por caso de los ciudadanos y los riesgos individuales de contraer la infección por Covid-19. El médico (no todos afortunadamente, pero algunos han soportado severas sanciones hasta la suspensión del trabajo) tuvo que fijarse en el protocolo, más que en el caso clínico, es decir el hombre que tenía delante, para identificar -lo que indicó Celso- el bonum (mejor solución para el caso considerado en todos sus aspectos específicos) y el aequum (que es igualdad, sí, pero proporcional, es decir, diferenciada). El simple cumplimiento del protocolo eximía de responsabilidad[18] y abría el camino a una “deshumanización”, amparada legalmente, de la relación médico-ciudadano.
2) En segundo lugar, la exención "inhumana" de responsabilidad fue garantizada aún más por un decreto-ley, luego convertido en ley en septiembre de 2020[19], donde el legislador limitó aún más, en comparación con la legislación anterior, los casos en los que se llama al funcionario público para responder ante el Tribunal de Cuentas: hasta el 31/12/2021, el daño causado por una acción (facere) acompañada de negligencia grave, de culpa grave (y no de dolo) -en nuestro caso se trata del daño causado por la vacunación- ya no es resarcible; o sea el medico no es responsable en caso de injustificables violaciones, mediante actividades, de los deberes profesionales básicos, según lo que entiende la jurisprudencia italiana por culpa grave, pero sí que permanece su responsabilidad por culpa grave en caso de daños derivados de la omisión o inacción (non facere, no hacer) del mismo[20].
El resultado ha sido una alteración de la relación fiduciaria médico-ciudadano, relación que se vio privada de un sustrato de humanidad marcado por la aptitud para la identificación entre seres humanos.
De iure condendo, en mi opinión, se trata ahora de recuperar ese “arte” -término aplicado, como hemos visto, tanto a la ciencia jurídica como a la ciencia médica en la experiencia romana- de lo bueno (bonum) y de lo justo (aequum), abandonando toda rigidez burocrática marcada por los protocolos para defender después de todo al ser humano, que, como nos recuerda el jurista Hermogeniano en tiempos del emperador Diocleciano, debería estar en el centro del fenómeno jurídico en todos sus aspectos[21]. El requisito previo es, por supuesto, una alta preparación técnico-humanística de quienes se desempeñan en los campos jurídico y médico. El regreso a Celso el hijo y a su definición del ius, al fin y al cabo, representa una importante herramienta ideológica en contra del antihumanismo actual[22] y nos invita a considerar más el Derecho romano clásico (no positivista) que el Derecho justinianeo y la tradición del ius commune para la mejora del derecho actual[23].
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