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ISSN1989-1970 |
Octubre-2023 Full text article |
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Fecha de recepción: 10/07/2023 |
Fecha de aceptación: 10/08/2023 |
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Palabras clave: Derecho procesal, allanamiento, confessio in iure, conoscencia |
Keywords: Procedural law, aquiescence, confessio in iure, conoscencia |
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PODER DE DISPOSICIÓN DEL DEMANDADO SOBRE EL OBJETO DEL LITIGIO: PRECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL ALLANAMIENTO A LA DEMANDA.
POWER OF DISPOSITION OF THE DEFENDANT ON THE OBJECT OF THE LITIGATION: PRECEDENTS AND CURRENCY OF THE ACQUIESCENCE TO THE LAWSUIT.
Eva María Polo Arévalo. Profesora titular de Derecho romano Universidad Miguel Hernández ORCID: 0000-0002-0800-6429
(POLO ARÉVALO, Eva María. Poder de disposición del demandado sobre el objeto del litigio: precedentes y actualidad del allanamiento a la demanda. RIDROM [on line]. 31-2023. ISSN 1989-1970.p.190-242. https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom)
Resumen: El presente trabajo se centra en el análisis de la regulación actual del allanamiento y sus precedentes en Derecho romano y Derecho histórico español. Esta figura procesal que actualmente se encuentra regulada como poder de disposición que las partes tienen sobre el objeto del proceso, no ha contado con una regulación sistemática hasta la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Este escaso tratamiento coincide con la regulación que ofrecen los cuerpos legales del Derecho histórico español, en los que se confunde además con la conoscencia, que consistía en el reconocimiento de la certeza de la deuda o, en general, del derecho del actor. Sin embargo, en el Derecho romano sí existe un precedente claro del allanamiento en la confessio practicada en la fase in iure en el procedimiento formulario y de las legis actiones, que impedía la continuación del litigio, abriendo ipso iure la vía ejecutiva. Abstract: This work analyzes the current regulation of the acquiescence to the lawsuit and its precedents in Roman Law and Spanish Historical Law. This procedural figure that is currently regulated as the power of disposition that the parties have over the object of the process, has not had a systematic regulation until the Civil Procedure Law of the year 2000. The regulation offered by Spanish historical law is also confused with the conoscencia, that consisted of the recognition of the certainty of the debtor, in general, of the claimant’s right. However, in Roman Law there is a clear precedent for the search in the confessio practiced in the in iure phase in the formulary procedure and the legis actiones, which put an end to the procedure, opening ipso iure the executive procedure. |
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SUMARIO: I. Introducción. II. Derecho romano. III. Derecho histórico español. A) Fuero Juzgo. B) Fuero Viejo de Castilla. C) Fuero Real. D) Partidas. E) Nueva y Novísima recopilación. IV. Leyes de enjuiciamiento civil y derecho procesal actual. V. Bibliografía.
I. INTRODUCCIÓN.
La naturaleza privada que ostentan los derechos en el ámbito civil ha tenido su manifestación más significativa en el poder que se ha reconocido a las partes para iniciar el proceso y para llevar a cabo su conclusión. El derecho a perseguir en juicio lo que a uno se le debe, según afirmaba Celso en D. 44, 7, 51 (50)[1], ponía de relieve que la iniciativa para la tutela de los derechos quedaba a la voluntad de sus titulares y que, por tanto, todo ciudadano tenía la posibilidad de solicitar el amparo –ius persequendi— a fin de conseguir en juicio lo que se le debía –quod sibi debetur—. Así, el elemento privatístico que aparece naturalmente en el procedimiento civil romano, como afirma MURGA[2], se constituirá en el interés particular del titular –representado por la actio— al que se le añade el elemento público —la jurisdicción— cuya intervención quedaba supeditada a la iniciativa privada que tenía el ciudadano para solicitar su auxilio[3].
La decisión del ejercicio de la acción privada iuris civilis concernía a un quirite –qui agit— frente a la actuación antijurídica de otro –cum quo agitur—, quedando vinculadas ambas partes en ese momento por una relación procesal, que se consideraba autónoma e independiente respecto de la relación material subyacente y que tenía su base en la causa por la que se litigaba. Esta relación procesal, que se sometía a las normas específicas del ordenamiento litigioso, debía darse siempre entre dos partes, el actor y el reo, qui agit y cum quo agitur, por lo que en el supuesto de que el reo reconociese que la pretensión del actor se ajustaba a Derecho, el proceso finalizaba de inmediato por inexistencia de controversia[4], ya que nadie podía litigar consigo mismo –quia ipse mecum agere non posse—. El allanamiento, por tanto, ha estado presente desde la ordenación primigenia del proceso civil como una de las posturas –acto procesal— que el demandado podía adoptar, si bien son muchas las cuestiones que se han discutido en la Doctrina romanística en relación con su naturaleza, fundamento, cauce procedimental o efectos, entre otras.
La presencia del allanamiento en Derecho romano, no obstante, no ha tenido una recepción nítida en los cuerpos legales de nuestro Derecho histórico español, en los que, a pesar de que es posible vislumbrar las notas características de esta figura en la denominada conosciencia, lo cierto es que su regulación se ve muy difuminada, siendo en algunas ocasiones inexistente. En cuanto a las Leyes rituarias, pese a que el allanamiento siempre se ha aplicado en la praxis judicial, habrá que esperar a la actual Ley de Enjuiciamiento civil –Ley 1/2000, de 7 de enero— para encontrar una regulación sistemática de esta importante figura procesal, enmarcada dentro del título dedicado al poder de disposición que tienen las partes sobre el objeto del proceso.
II. DERECHO ROMANO.
El carácter eminentemente privado de la actio que predominó en el derecho procesal romano hasta el surgimiento del procedimiento cognitorio, se puede apreciar especialmente en el hecho de que la defensa del interés privado era el elemento central de todo el sistema[5]. El ordo iudiciorum privatorum trata de ofrecer, de forma prioritaria, tutela jurídica cuando un derecho subjetivo se ha lesionado, constituyendo la defensa de ese derecho el objeto del litigio. Por ello, en cualquiera de los procedimientos que rigieron en el derecho procesal romano, la identificación del objeto del litigio, la res de qua agitur, era fundamental para conocer los términos a los que se circunscribía el debate para que, en caso de que el demandado se aquietara de forma integral a la demanda, comenzara la fase ejecutiva de forma inmediata. A este respecto, un pasaje de Gellius da noticia de que en la Ley de las XII Tablas se preveía que el demandado que había reconocido su deuda –denominado confessus–— tenía un plazo de treinta días para pagarla, quedando sometido a la manus iniectio del acreedor en caso de que no cumpliera en ese plazo[6].
Pese a la brevedad del testimonio de Gellius queda reflejado de forma bastante clara que, ya en época de la Ley de las XII Tablas, el demandado –cuya comparecencia era obligatoria[7]— tenía la posibilidad de confesar, esto es, de allanarse a la demanda, con los mismos efectos que tiene hoy en día, ya que se establecía la apertura de un plazo para que se cumpliera la obligación: aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunto[8].
La regulación de la Ley de las XII Tablas se puede tomar como punto de partida en esta materia puesto que su primitiva regulación contempla la asimilación entre la confesión del demandado y su condena[9], permitiendo afirmar la existencia del allanamiento desde las etapas más arcaicas del procedimiento civil romano. El confessus pasaba así a tener la condición de iudicatus y la ejecución de la deuda devenía como consecuencia natural y lógica de la propia confesión[10].
El fundamento para que la confessio realizada en la fase in iure abriera directamente la fase ejecutiva seguramente se encontraría en el hecho evidente de que, a partir del momento en que el reus admitía, no algunos hechos o circunstancias determinadas, sino el propio derecho del actor, la controversia desaparecía, dejaba de existir, y con ella el propio procedimiento. De esta forma, la litis contestatio se hacía innecesaria al igual que la fase posterior apud iudicem, al desaparecer la obligación de probar los hechos alegados por el actor, cabiendo únicamente la aplicación del régimen arcaico de la ejecución en las legis actiones con manus iniectio[11].
No obstante lo anterior, algunos autores han considerado que lo que otorgaba fuerza ejecutiva a la confesión del demandado derivaba de las peculiaridades –propias y especiales— que se daban en el procedimiento de las legis actiones, puesto que la sentencia no siempre era ejecutable al ser emitida por un iudex privado y no estar revestida de autoridad pública[12]. No hay que olvidar en este sentido que la satisfacción del derecho del actor se obtenía a través de la enunciación de las palabras solemnes y de la realización del ritual prescrito para cada legis actio[13] y, por tanto, la confessio in iure tendría fuerza ejecutiva en las acciones donde al demandado se le concedía la posibilidad de oponerse, esto es, en el caso de la manus iniectio pura, en materia de pignoris capio, cuando es un particular, en la legis actio sacramenti in rem e in personam y en la legis actio per condictionem, siendo difícil admitir que pudiera tener efecto ejecutivo en la legis actio per judicis arbitrive postulationem[14].
En el procedimiento formulario, el régimen de la confessio in iure continuó con idéntico régimen, al permanecer la distinción de las dos etapas procedimentales –in iure ante el magistrado e in iudicio ante el iudex— y la listis contestatio como elemento central del proceso civil romano[15]. Así, en la etapa in iure el demandado continuó pudiendo reconocer el derecho del actor a través del acto procesal –formal y explícito, aunque no necesariamente solemne— de la confessio, mostrándose la Doctrina acorde en admitir que este acto procesal de allanamiento se debía entender como el reconocimiento de la pretensión en su conjunto y, por ello, la declaración abarcaba una determinada situación jurídica y no sólo hechos singulares, realizando el confesante un acto dispositivo de sus derechos que le perjudicaba en su totalidad[16].
Puesto que la confesión acontecía en la fase in iure, el efecto que producía la inmediata conclusión del litigio y la apertura de la fase ejecutiva[17], todo ello sobre la base de la equiparación del confessus al iudicatus, regla que es expresada por varios juristas en diversos fragmentos del Digesto. Así, Paulo en D. 42, 2, 1, afirma que aquél que ha confesado se le tiene por juzgado porque en cierto modo él mismo se ha sentenciado: confessus pro iudicato est, qui quodammodo sua sententia damnatur[18] y Ulpiano en D. 42, 1, 56, que pone de manifiesto que qui in iure confessi, pro iudicatis habentur[19].
No obstante, algunos autores han afirmado que el régimen de la confessio in iure del procedimiento formulario y el que rigió para las legis actiones difieren, porque entienden que en éste último lo que se producía con la confesión era un abandono de cualquier posibilidad de defensa por parte del demandado, lo que llevaba a que el actor conservara intacta su pretensión y, por tanto, ante la inexistencia de controversia, la litis ni siquiera habría tenido lugar[20]. En este sentido, la confessio conllevaría la apertura de la fase de ejecución porque el confeso quedaría juzgado, esto es, pasaría a ser iudicatus, pero, al no haber sido condenado, se haría todavía necesaria una condemnatio para que pudiera tener lugar la ejecución[21].
Se ha entendido así que en el procedimiento formulario aquello que produce efectos jurídicos es el iudicatum y no la sententia, esto es, el acto por el que el Juez absuelve o condena, por lo que la equiparación entre confessus y iudicatus, que en las acciones de la ley aparecía como indiscutible en tanto que el iudicatum era el pronunciamiento del Juez que entendía como justo el juramento emitido[22], en el procedimiento formulario no se da puesto que siempre debería existir un pronunciamiento del Juez estableciendo la cantidad debida por el demandado, una vez éste hubiera confesado. Por lo tanto, la vía ejecutiva directa sólo habría podido existir en el procedimiento de las legis actiones y no en el formulario, en el que era necesaria la condemnatio, salvo que se estuviera discutiendo de cantidades ciertas de dinero, ya que entonces se podría pasar a una ejecución inmediata porque la confesión equivaldría a la sentencia.
En efecto, puesto que la condena en el procedimiento formulario debía ser siempre pecuniaria[23], cuando el objeto de la litis versaba sobre otras materias que no fueran deudas de dinero, se hacía necesario siempre la fijación del valor del objeto con carácter previo a la sentencia, esto es, la litis aestimatio[24]. Teniendo en cuenta lo anterior, los efectos de la confesión eran muy distintos según la actio ejercitada, habiendo unanimidad doctrinal en que, si se trataba de la actio certae pecuniae, la confesión ocasionaba la finalización del pleito en la fase in iure[25], pudiendo ejercitarse directamente la ejecución sobre el deudor[26]. Así se pone de manifiesto en diversos fragmentos de D. 42, 2, en los que, de forma más o menos evidente, se equiparan los efectos de la confesión emitida en la fase in iure a los de una condena cuando se trataba de un certum debere:
D. 42, 2, 3. (Paulus 9 ad Plaut.). Iulianus ait confessum certum se debere legatum omnimodo damnandum, etiam si in rerum natura non fuisset et si iam a natura recessit, ita tamen, ut in aestimationem eius damnetur: quia confessus pro iudicato habetur.
D. 42, 2, 6, pr. (Ulpianus 5 de omn. trib). Certum confessus pro iudicato erit, incertum non erit.
Ahora bien, cuando el objeto de la litis era un incertum sí ha existido discusión doctrinal acerca de si era necesario o no la continuación del proceso apud iudicem, en el que se ejercitara una actio confesoria que tuviera por finalidad la fijación de la cuantía de la deuda[27]. En ella, el juez debería limitarse a llevar a cabo la aestimatio, sin que le estuviera permitido entrar a valorar el fondo del asunto porque los hechos quedaban fijados como no controvertidos –por efecto de la confesión— y, por tanto, la actuación del juez debía quedar reducida a determinar el importe de la deuda o del valor del objeto reclamado y a dictar la sentencia, que en todo caso debía ser condenatoria[28]. Así se puede desprender tanto del principium de D. 42, 2, 6, ya citado anteriormente, como del apartado primero[29]y de D. 42, 2, 8:
D. 42, 2, 6, 1. (Ulpianus5 de omn. Trib.). Si quis incertum confiteatur vel corpus sit confessus stichum vel fundum dare se oportere, urgueri debet, ut certum confiteatur: item eum, qui rem confessus est, ut certam quantitatem fateatur.
D. 42, 2, 8. (Paulus4 ad Sab.). Non omnimodo confessus condemnari debet rei nomine, quae, an in rerum natura esset, incertum sit.
En cualquier caso, se puede afirmar que, tanto si la confesión recaía sobre un objeto certum como si versaba sobre un incertum, la confesión de la fase in iure conducía al confessus a adquirir la condición de iudicatus y, con o sin litis aestimatio, aparece claramente expresado que se procedía a la apertura de la fase ejecutiva, aplicando la manus iniectio pro iudicato[30]. Es en las acciones in personam, no obstante, en las que la confesión cobra sentido porque, dada su especial naturaleza, se hacía imposible la indefensio y el deudor estaba obligado a aceptar el iudicium, debiendo adoptar una posición procesal concreta[31]. Así, la confessio era la única forma que el demandado tenía para no defenderse, pero, en cualquier caso, se constituía como una postura activa y no pasiva[32].
Por lo demás, esta forma de allanamiento que representaba la confessio in iure daba lugar a una verdad formal y, por tanto, como afirma Paulo, quodammodo sua sententia damnatur[33]. Se podría afirmar casi con seguridad que, para pasar a la fase ejecutiva, se requeriría un pronunciamiento judicial, si bien parece lógico pensar que éste se limitaría a una condena en los propios términos en que se había realizado la confesión y con base en la presunción de veracidad que se había generado con ella[34].
El confessus, al menos para la época de las legis actiones, no podría alegar error y le sería imposible retractarse de su declaración[35]. Sin embargo, este régimen varía en el periodo clásico para el error de hecho –no así si se trataba de error de derecho—, ya que si éste concurría en la confesión, como se aprecia en D. 42, 2, 2, se podía anular esa declaración[36]:
D. 42, 2, 2. (Ulpianus58 ad Ed.). Non fatetur qui errat, nisi ius ignoravit.
D. 42, 2, 4. (Paulus15 ad Plaut.). Si is, cum quo lege aquilia agitur, confessus est servum occidisse, licet non occiderit, si tamen occisus sit homo, ex confesso tenetur.
No se puede concluir el examen de la época clásica sin hacer referencia a la lex Rubria de Gallia Cisalpina[37], que, según RICCOBONO, sería posterior al año 49 a.C[38], puesto que, con un alcance limitado a este territorio, contiene una regulación completa de las posturas que daban lugar a la fictio damnaciones[39]. En virtud del contenido de los capítulos XI y XII de la Ley, se concede a la confesión idéntica eficacia ejecutiva a la que posee la sentencia condenatoria. En caso de deudores confessi y también indefensi y con la finalidad de agilizar el procedimiento, se concedían poderes al magistrado que ofrecía una mejor tutela del derecho ejercitado por el actor[40].
La Doctrina discrepa en relación con el régimen establecido en la Ley cuestionando si era necesaria una actio iudicati que algunos autores consideran indispensable[41] mientras que otros rechazaban esta idea al entender que la propia confesión tendría fuerza ejecutiva, siempre y cuando su objeto versara sobre una deuda de dinero cuya cantidad fuera cierta y determinada[42].
Concluimos el análisis del derecho romano haciendo referencia a la regulación del derecho postclásico y justinianeo, donde el surgimiento de las cognitiones extra ordinem[43] hace que el procedimiento se desarrolle en una sola etapa[44]ante el magistrado que ve fortalecidas sus facultades jurisdiccionales en detrimento de la base convencional que había caracterizado al procedimiento formulario[45].Así, la anterior confessio in iure desaparece como tal, aunque continuaría siendo posible que, en los primeros trámites del iudicium, el demandado reconociera el derecho del actor, esto es, se allanara a la demanda. En este caso, se producirían los mismos efectos que se daban con la confessio in iure, esto es, se pondría fin al procedimiento por inexistencia de controversia y se abriría la ejecución directa por medio de la actio pro iudicato[46]. Con posterioridad, en la fase probatoria, convertida la confesión en medio de prueba que pueden emplear tanto actor como demandado, también se podían reconocer algunos hechos o alegaciones, lo que exoneraría al contrario de la carga de probar los hechos que se habían confesado[47].
La confesión, por tanto, tendría la doble consideración de allanamiento, si se producía al inicio del procedimiento, o de medio de prueba, si se hacía en esa fase, pero, en cualquier caso, tenía una posición relevante en tanto que su contenido vinculaba al juez en su sentencia[48], tal y como se desprende de C. 7, 59, 1 y C. 2, 58, 2, 7:
C. 7, 59, 1. (Imperator Antoninus). Confessos in iure pro iudicatis haberi placet. quare sine causa desideras recedi a confessione tua, cum et solvere cogeris. ant. a. iuliano. <a 211 accepta prid.K.Oct.Gentiano et basso conss.>
C. 2, 58, 2, 7. (Imperator Justinianus). Sin autem reus hoc sacramentum subire recusaverit, in his capitulis, quae narratione comprehensa sunt, pro confessio habeatur et liceat iudici sententiam proferre, quemadmodum et ipsa rei qualitas suggesserit. <a 531 pp. x k. mart. constantinopoli post consulatum lampadii et orestis vv. cc.>
El confessus, al igual que en las épocas anteriores, adquiría la condición de iudicatus[49], debiendo el Juez tener en cuenta la confesión en su sentencia, ya que debía ser inexorablemente condenatoria para el confesante, puesto que, a pesar de que la confesión no sustituyera al juicio, sí se convertía en el fundamento para el fallo[50]. Así, parece que la confesión tendría fuerza ejecutiva directa sin necesidad de resolución judicial al menos si el objeto de la confesión recae sobre una certa res o certa pecunia[51].
III. DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL.
En nuestro derecho histórico, como se ha indicado al inicio, el allanamiento del demandado aparece con una regulación bastante difuminada y en algunos casos incluso omitida, ya que se confunde con otras figuras procesales como la prueba de confesión y el juramento. El reconocimiento de la certeza de la obligación o, en general, del derecho del actor está presente en la denominada conoscencia, que guarda similitud con la confessio in iure del Derecho romano y, por tanto, con el allanamiento de nuestro Derecho actual.
A) Fuero Juzgo.
Este cuerpo legal, que tuvo como objetivo primordial dar unidad a la legislación fusionando los elementos romano y germánico[52], se ocupa de la administración de justicia en el libro II, disponiendo en materia procesal que, tras la citación y comparecencia del demandante ante el Juez se procedía a la contestación por parte del demandado[53], afirmándose que si aquel que es llamado que responda, manifestare ante el iudez lo que demandan, no es menester que de otra prueba el que demanda[54]. Por lo tanto, si el demandado reconocía ante el Juez que la reclamación era cierta –se allanara— el efecto que tenía era relevar de la prueba de los hechos reconocidos al actor, siendo lógico pensar que la sentencia debería dictarse en consonancia con ese reconocimiento que había realizado el demandado.
En caso de que no se produjera el allanamiento, lo que procedía era la presentación de las pruebas, regulando el Fuero Juzgo, entre los medios de que disponían las partes, la declaración de testigos y la documental como pruebas preminentes y aludiendo de forma subsidiaria al denominados agramiento:
Fuero Juzgo, II, 1, 21. …Sea dado el sagramiento de las partes, cuando no pudier ser provado por testigo ni por escripto. 23. …e si aquel que es llamado que responda, manifestare ante el iudez lo que demandan, no es menester que de otra prueba el que demanda…
Es importante señalar que en esta regulación se instaba al Juez a conocer la verdad de los hechos[55], debiendo investigar e indagar acerca de la autenticidad de ellos a través del examen de los escritos, oyendo a los testigos[56] y, cuando no se alcanzara la convicción con estos medios de prueba, entonces procedería el denominados agramiento, configurado como la absolución de posiciones por las partes. Esta prueba –lo que tradicionalmente se conoce como confesión— que se encaminaba a averiguar la certeza de las alegaciones vertidas en juicio, podía dar lugar también en su desarrollo a que el demandado reconociera –confesara— algún hecho que favoreciera al actor, quedando probado por este medio.
Ahora bien, no se debe confundir el sagramiento con el allanamiento porque, como se ha mencionado anteriormente, en caso de que el demandado admitiera lo que le demandan, el actor quedaba exonerado de la carga probatoria que le incumbía y, por tanto, no se abría fase probatoria y no tendría lugar la práctica de ningún medio de prueba. En nuestra opinión, el allanamiento en el Fuero Juzgo tiene unos efectos más limitados que la confessio in iure romana, porque parece que el efecto primordial que se le atribuía era relevar de la prueba al actor y, además, por la obligación que pesaba sobre el juzgador para averiguar la veracidad de la demanda.
B) Fuero Viejo de Castilla.
El Fuero Viejo de Castilla regula en el título dedicado a las deudas y a su ejecución, los efectos y el procedimiento a seguir cuando la debda sea manifestada o conoscida por el deudor:
Fuero Viejo de Castilla, III, 4, 1. Si algund Fijodalgo debe debda a Judio, o a Cristiano, que la debda fuer conoscida, e judgada, devel entregar a aqueste que la a de auer, en suos bienes del suodebdor, en mueble, si los fallare, si non en la eredat. E si fuer la entrega en mueble, devela vender a nueve dias, e pagarle, e si fuerrais, devela tener, e desfrutarla fasta que sea pagado en sua debda; e si alguna cosa metier en labrarla, develo sacar dende sin el otro debdo, que a de auer, mas si non quisier labrarla mas, tenerla a ansi a menoscabo fasta que le pague, e non la puede vender por fuero. 4ª. Todo ome de fuera de Viella, que demanda debda al vecino de la Viella, e dis que aquella debda, que es de aquel dia fecha, o de antes, si fuer manifiesta, devel’ l’Alcalle dar suoplaço a que pague; e si le vinier de niego, devele mandar, que vaya a jurar luego.
En el caso de que la deuda fuera manifesta o conoscida ante el Alcalde, el cauce a seguir será distinto en función de si se trata de deudores pertenecientes a la nobleza castellana –fijohidalgos— de si no lo eran –todo ome—[57]. Sin embargo, en ambos casos, se establece la apertura inmediata del procedimiento ejecutivo porque cuando la debda fuer conoscida se establece que es judgada, equiparando con ello el allanamiento a la condena. Este cuerpo legal recoge, por tanto, con el nombre de debda conoscida el allanamiento con idénticos efectos a la confessio in iure romana, ya que el deudor, efectuado ese reconocimiento, se juzga a sí mismo –se asimila al iudicatus— y se condena –condemnatus—, no cabiendo otra vía adicional más que la ejecución de la deuda.
El reconocimiento de la deuda se concedía concede al deudor un plazo para el pago voluntario de la deuda[58], transcurrido el cual se expedía un segundo mandamiento para que le fueran entregados en prenda al acreedor bienes en cantidad suficiente, distinguiendo los casos en que se encontraran bienes muebles de los que se hallaran bienes raíces. Posteriormente, a través de un prolijo procedimiento establecido en la Ley 6ª, podría hacer efectivo su crédito con el producto de esos bienes[59]. Se le concedían al deudor plazos consecutivos en los que podía pagar la deuda[60], y si no lo hacía, entonces el acreedor podía finalmente cobrar el importe de su crédito, junto con otra cantidad equivalente a la mitad de éste en concepto de sanción, bien con la venta de los bienes, si eran muebles, o, si eran inmuebles, tomando posesión de los mismos, usufructuándolos o, si el acreedor no quería cultivarlos, reteniéndolos en su poder hasta que el deudor hiciera efectivo el pago[61].
La ordenación del Fuero Viejo de Castilla en nuestra materia, siendo menos ambicioso que el Fuero Juzgo en cuanto su complejidad y uniformidad, sin embargo, establece un sistema más adecuado e innovador en cuanto a las normas relativas al procedimiento civil, sobre todo en lo que a la ejecución de las deudas se refiere. Concretamente, el procedimiento que este cuerpo legal establece para el supuesto de que la debda sea conosçida o manifestada recuerda considerablemente al que el Derecho romano preveía para la denominada confessio in iure, no sólo por entender juzgado y condenado al deudor con ese reconocimiento, sino por tener como efecto inmediato la apertura ipso facto del procedimiento ejecutivo, que se ordena sin ninguna otra actuación adicional, abriendo los plazos de pago voluntario y, en caso de que no se efectúe, la toma de posición de los bienes del deudor.
C) Fuero Real.
Este código Alfonsino, que, según Pérez Martín[62], es el que tuvo la vida más prolongada y también el que alcanzó mayor difusión en nuestra historia jurídica, contempla el allanamiento a través de la figura de la connoscencia.
La tramitación de los procedimientos civiles se regula en el Libro segundo, destacando en los títulos tercero y cuarto el establecimiento de graves consecuencias para el demandado en caso de incomparecencia, puesto que directamente se ponía en posesión de los bienes al actor si fueran muebles o se decretaba la prenda sobre los inmuebles en cantidad suficiente para cubrir el valor de la obligación.
En el caso de que el demandado compareciera, podía contestar oponiendo las excepciones que a su derecho conviniera[63]pero también podía conoscer la deuda. De una forma bastante sucinta, la Ley primera del Título séptimo del Libro citado, bajo el título “De las connoscencias”, dispone que si el demandado, por sí mismo o por mediación de su abogado o representante[64], connosciere lo quel demandan, la su connoscencia vala tanto como sil fuese provado por prueva o por carta[65]:
Fuero Real, II, 7, 1. Todo ome que ficiere demanda a otro en juicio, e aquel a qui demandaren, o su personero, o su vocero connosciere lo quel demandan, non sea tenudo de dar otra prueva en aquello que connosció, mas la su connoscencia vala tanto como sil fuese provado por prueva o por carta.
Parece bastante claro a tenor de esta Ley que la denominada connoscencia sería el allanamiento a la demanda, pero sus efectos, sin embargo, se muestran con mucha menos nitidez que en el Fuero Viejo de Castilla y tiene una mayor similitud con lo que regulaba el Fuero Juzgo. En efecto, aunque este acto procesal incide sobre del fondo de la controversia y, por tanto, sobre el objeto de la litis, y debería llevar aparejada la terminación del litigio[66], lo cierto es que este efecto, al menos de forma directa, no se establece, constando que la connoscencia debía valer tanto como sil fuese provado por prueva o por carta, exonerando al actor de la carga probatoria que le incumbía.
Esta conceptualización de la connoscencia como medio de prueba, quizás preminente al resto, pero concediéndole un el valor de vía para acreditar los hechos, al fin y al cabo, hace que la naturaleza de este acto aparezca de forma imprecisa. Sin embargo, a nuestro entender, el hecho de que en Fuero Real haga referencia a las connoscencias en un título distinto al del resto de medios probatorios –que se regulan en el Titulo siguiente, el octavo—, indicaría que la connoscencia venía a ser un verdadero allanamiento o, como se conocía en Derecho romano, una confessio in iure[67].
D) Partidas.
El Código de las Siete Partidas trata la administración de justicia en la Partida tercera, ocupándose de la contestación a la demanda en la Ley séptima del Título Tercero:
Partidas, III, 3, 7. En qué manera debe el demandador responder á la demanda quel facen. Catadas todas las cosas que deximos desuso debe después el demandado responder á la demanda en esta manera: otorgando de llano lo quel demandan si es cierto que verdaderamente lo debe, ca si lo negase et le fuese despues probado, caerie por ende en daño et en vergüenza, pechando todo lo quel demandaban et demás las costas et las misiones á aquel que venciese la demanda. Mas quando otorgase luego que lo debie, el judgador le debe mandar que pague lo que conoció fasta diez días óá otro plazo mayor segunt entendiere que será guisado en que lo pueda cumplir. Et si por aventura entendiere que la demanda quel facen non es verdadera, débela negar de llano deciendo que non esasi como ellos ponen en su demanda et que non les debe dar ninfacer lo que piden.
Conforme preceptúa esta Ley, el demandado puede responder a la demanda otorgando de llano lo quel demandan si es cierto que verdaderamente lo debe, esto es, reconociendo el derecho o pretensión del actor en su integridad. Por lo tanto, se contempla el allanamiento como posición procesal que el demandado puede adoptar en el juicio, regulándola de forma independiente al resto de alegaciones o medios de defensa que puede utilizar.
En el supuesto de que el demandado se allane –quando otorgase luego que lo debie—, se concedería por parte del Juez un plazo de diez días para el cumplimiento voluntario de su deuda, pudiendo ampliarlo en caso de que éste entendiera que no iba a poder cumplir dentro de los diez días. Con esta ordenación, parece evidente la similitud con la confessio in iure romana, ya que también ahora, una vez reconocida la deuda, se procede a la ejecución sin más trámites adicionales, salvo la comprobación de la veracidad del petitum. Así, en la parte in fine de la Ley, consta expresamente que, si tras el allanamiento, el Juez entendiera que la demanda quel facen non es verdadera, entonces se ordena que débela negar de llano deciendo que non esasi como ellos ponen en su demanda et que non les debe dar ninfacer lo que piden.
El allanamiento, por tanto, no vinculaba al Juez en su totalidad, puesto que podía negar de llano, ordenando que non se les debe dar nin facer lo que piden, en el caso de que el Juzgador llegara al convencimiento de que la demanda no se fundamentaba en la verdad. Así, este acto regulado en Partidas presenta una analogía evidente también con el vigente allanamiento, en el que, con base en el principio iura novit curia, se exige al Juez realizar algunas comprobaciones en relación con ese acto llevado a cabo por el demandado[68].
La obligación de los jueces de investigar la verdad de las alegaciones vertidas en la demanda deriva de la Ley décimo primera, del título cuarto de la misma Partida, en virtud de la cual se les impone el deber de escodriñar por quantas maneras pudieren de saber la verdad de los pleitos. Para ello, se ordena acudir en primera instancia la conoscencia, que se sitúa de forma preminente frente al resto de pruebas que serían subsidiarias[69]:
Partidas, III, 4, 11. Cómo los judgadores deben escodriñar por quantas maneras pudieren de saber la verdad de los pleitos que fueren comenzados antellos. Verdat es cosa que los judgadores deben catar en los pleytos sobre todas las cosas del mundo: et por ende quando las partes contienden sobre algunt pleyto en juicio deben los judgadores ser acuciosos en puñar de saber la verdat dél por quantas maneras podieren: et primeramente por conoscencia que fagan por sí mismos el demandador et el demandado en juicio, ó por preguntas que los jueces fagan á las partes en razón de aquellas cosas sobre que es la contienda, et otrosi jura en la manera que diximos en el título que fabla della…
Por ello, con independencia del allanamiento que se encuentra regulado en Partidas, III, 3, 7 como posición que podía adoptar el demandado y que, al tratarse de un reconocimiento de la obligación impediría el comienzo de la litis, se regula en Partidas la denominada conoscencia, definida como la respuesta de otorgamiento que faze la una parte a la otra en juicio[70]y considerada como una prueba plena[71]. Algunos autores han negado, sin embargo, que se trate de un simple medio de prueba, porque, en realidad, lo que ocasiona precisamente es que se releve de la prueba[72], es decir, evita que se practiquen las pruebas, ya que éstas tienen como finalidad averiguar los hechos que aparecen como dudosos o aquellos que han sido negados por el demandado[73].
No obstante, la conoscencia o confesión judicial, como afirma ORTIZ DE ZÚÑIGA, se presenta en la regulación de Partidas como la declaración o reconocimiento que hace una persona contra sí misma de la verdad de un hecho[74] y así, en el proemio del título XIII, se configura como un medio de prueba, al afirmar que es la prueba más cierta, é más ligera, e con menos trabajo, e costa de las partes, que aduzir testigos, o cartas, para prouar lo que demandan[75]:
Partidas, III, 13, proemio. De las conocencias, e de las respuestas que fazen las partes en juicio, a las demandas, e a las preguntas, que son fechas en razón dellas. Conocencias fazen las vegadas las partes, de la cosa, o del fecho, sobre que les fazen preguntas en juyzio; de manera que non ha menester sobre aquel pleito otra prueua, nin otro aueriguamiento. E pues que el Titulo ante deste fablamos de las Preguntas, queremos aquí decir de las Conocencias, e de las respuestas que nacen dellas, uque es manera de prueua mas cierta, e mas ligera e con menos trabajo, e costa de las partes, que aduzir testigos o cartas, para prouar lo que demandan. E que fuerza ha e quantas maneras son de Conocencias. E como deuen ser fechas. E qualdeue valer, e qual non.
Se permite la conoscencia antes de formalizar la demanda cuando el futuro demandante lo solicitaba y daba lugar al mandamiento de pago, lo que podría equivaler a una sentencia condenatoria[76], ya que el Juez concedía un plazo al deudor para que pagara y no tenía lugar ni siquiera la interposición de la demanda y, por tanto, no habría tampoco pleito alguno:
Partidas, III, 13, 2. Que fuerçaha la conocencia. Grande es la fuerça que ha la conocencia, que fase la parte en juicio, estando su contendor delante. Ca por ella se puede librar la contienda, bien assi como si lo que conocer fuese prouado por buenos testigos o por verdaderas cartas. E porende el Judgador, ante quien es fecha la conocencia, deue dar luego juyzio afinado por ella si sobre aquella cosa que conocieron, fue començado pleyto ante, por demanda e por respuesta... Mas si alguno fiziesse venir su debdorantel Juez, e le rogasse, que le fiziesse jurar, o que le preguntasse, si le deuia alguna cosa, o marauedis; e el demandado respondiesse luego llanamente, que gela deuia, non le queriendo fazer contienda sobrello; eftonce dezimos, que abonda que el el Judgador mande al debdor, que fizo la conocencia, que pague
aquella cosa queconoció, fasta vn dia señalado quel ponga…
En definitiva, la regulación de Partidas contempla el allanamiento como postura procesal del demandado en la contestación a la demanda y también con la denominada conoscencia que, si bien se regula como medio de prueba, cuando se produce por parte del demandado como reconocimiento de los hechos de la demanda, impide la continuación del juicio y ocasiona la condena inmediata del deudor abriendo la fase de ejecución. En ambos supuestos, se entiende juzgado y condenado al demandado, tal y como ocurría en la confessio in iure.
E) Nueva y Novísima Recopilación.
El allanamiento aparece recogido tanto en la Nueva Recopilación como en la Novísima. En el primer cuerpo legal, el Título cuarto del Libro cuarto, dedicado a la contestación de las demandas, permite el allanamiento entre las distintas posiciones procesales que podía adoptar el demandado en el juicio[77]:
Nueva Recopilación, IV, 4, 1. Como, i quando, se ha de negar, i contestar la demanda. Porque sé alùengan los pleitos por razones maliciosas de los demandados, no queriendo responder (a) derechamente a Ias demandas; Nos, por abreviar los pleitos, establescemos que en los pleitos , que anduvieren en nuestra Corte; i en las Ciudades, i Villas, i Lugares de nuestros Reinos, que, del dia que la demanda fuere puesta al demandado, o su Procurador, sea tenudo a responder derechamente a la demanda, contestando (b) el pleito, conociendo; o negando; hasta nueve dias (c) continuos i si assi no respondiere, que sea avido por confiesso (d) por su rebeldía, por esta nuestra lei, aunque no sea dada la sentencia contra el sobre ello: i si el Procurador fuere rebelde; i no respondiere (e) al dicho plazo, que no sea restituido (f) el señor del pleito, magüer que diga que el Procurador no tiene (g) de que pagar.
Esta Ley otorgada en 1387 en Briviesca regula la forma en la que estaba permitido al demandado posicionarse en el pleito, que podía consistir en contestar el pleito, conocerlo o negarlo, no tolerando la posibilidad de que no respondiera porque entonces declaraba confiesso. No obstante, no se establece el efecto que debe producir el allanamiento del demandado, aunque, a nuestro juicio, en este punto se pueden tener en cuenta las disposiciones que la Nueva Recopilación recoge en las que se regula la confesión, que establecen la posibilidad de que el Juez pueda dictar sentencia definitiva[78]:
Nueva Recopilación, IV, 7, 1. Como han de responder las partes a las posiciones, i siendo la parte rebelde en jurar de calumnia sea avido por confieso, i el juez concluya, i sentencie. Mandamos que cada una de las partes responda a las posiciones por palabra de (a) niego, o confiesso, o la creo, o no la creo; i si respondiere que no la sabe, no le sea rescebida la tal respuesta, i sea avido por confiesso: i que si el Juez mandare a alguna de las partes que responda a las posiciones (b) una, i dos, i tres veces , i no teniendo razon legitima, no quisiere responder, o, ya que quiera, no claramente, o si, despues que le fuere mandado por el Juez que responda, por contumacia se (e) ausenta, que en todas aquellas cosas, que en las posiciones, i articulos se contienen sobre que no respondio, i le fue mandado, que sea avido por (d) confiesso, i assi lo pronuncie luego el Juez por sentencia: i si de la respuesta de las posiciones hallare el Juez que puede dar sentencia definitiva, concluso el pleito, la de, la que por fuero, o derecho deva; i sino, resciba las partes a prueba (e) de lo por ellas dicho e alegado.
Como se observa en esta Ley, la confesión no tiene en la Nueva Recopilación la consideración de medio probatorio porque en la parte in fine se establece que si de la respuesta de las posiciones hallare el Juez que puede dar sentencia definitiva, concluso el pleito, añadiendo a continuación que, en caso contrario, esto es, que de las contestaciones no se pueda dictar la sentencia, entonces resciba las partes a prueba de lo por ellas dicho e alegado[79]. Por lo tanto, únicamente se recibiría el pleito a prueba en el caso de que, de las respuestas que ofrezcan las partes a las posiciones, no queden claramente establecidos los hechos y, por tanto, se requiera abrir el periodo probatorio. Teniendo en cuenta esta disposición, a nuestro juicio, la confesión no tendría la naturaleza de medio probatorio, sino de un acto procesal que se celebraba ex ante y que, si de su resultado el Juez podía alcanzar el convencimiento necesario para dictar la sentencia pertinente, debería declarar el juicio concluso y fallar el pleito.
Esta disposición se debe poner en relación igualmente con la Ley 5 del Título 21 del Libro IV, dedicada a las entregas y execuciones de contratos, sentencias y confesiones y conoscimientos, preceptúa que las confessiones, i conoscimientos reconoscidos trayan aparejada execucion[80]:
N.R. IV, 21, 5. Que las confessiones, i conoscimientos reconoscidostrayan aparejada execucion. (El Emperador D. Carlos i Dña. Juana, en Madrid año 34, cap. 131 i en Valladolid año 48, pet. 56). Porque somos informados que a causa de no se executar los conoscimientos reconoscidos por las partes, i las confessiones, que se facen en Juicio, como los otros contratos otorgados ante nuestros Escrivanos, que traen aparejada execucion, se siguen muchas costas, i gastos, i muchas personas, por dilatar la paga, apelan de las sentencias, que contra ellos se dan: por ende ordenamos , i mandamos que de aquí adelante los conoscimientos reconoscidos (a) por las partes ante el Juez, que manda executar, o las confessiones (b) claras fechas ante Juez competente, trayan aparejada execucion; i que las nuestras Justicias las executen (e) conforme a la lei de Toledo susodicha, que fabla sobre la execucion de los contratos garenticios.
En virtud de la citada Ley de Toledo, que trata de la ejecución de los contratos garenticios, se decreta que tanto las confesiones como los reconocimientos deben llevar aparejada ejecución[81]. Con base en ella, y puesto que no se admitía la práctica de más medios de prueba cuando se reconocían o aceptaban hechos en una confesión, se ha entendido que también aquí, como en Partidas, la parte contraria estaba eximida de probar esos hechos o circunstancias admitidas.
IV. LEYES DE ENJUICIAMIENTO CIVIL Y DERECHO PROCESAL ACTUAL.
El allanamiento no ha tenido en las Leyes rituarias españolas una regulación sistemática hasta la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC) del año 2000, ya que en la LEC del año 1855 no se encuentra precepto alguno referente a esta figura –pese a ser empleada en la praxis judicial— y en la de 1881 está presente en algunos artículos aislados, aunque sí tenía una ordenación mínima en el Decreto de 21 de noviembre de 1952, relativo al juicio declarativo de cognición.
Aparte de la escasa regulación que nuestras Leyes han ofrecido en esta materia, ninguna de ellas ha proporcionado un concepto o definición precisa de lo que debe entenderse por allanamiento, laguna que ha intentado salvar la Doctrina procesalista formulando diversas propuestas que, en mayor o menor medida, han intentado integrarlas notas esenciales de esta figura[82]. Así, en general, se ha afirmado que el allanamiento es un acto procesal del demandado, que puede ser realizado en cualquier momento del procedimiento, cuyo contenido es la aceptación de la pretensión del demandante[83], y que ocasiona, en caso de que sea una admisión íntegra, la terminación del proceso con la sentencia favorable a los intereses del actor[84].
Esta noción actual, como se puede observar, coincide con la que se ha expuesto en el Derecho romano para la confessio in iure, porque ahora se está configurando el allanamiento, no como la aceptación de algunos–o incluso todos— de los hechos relatados en la demanda[85], sino como el reconocimiento de la pretensión íntegra del actor[86]. Lo anterior implica que, una vez que el demandado se allana íntegramente a la demanda, el efecto debe ser la terminación del procedimiento. El allanamiento actual no pretende, al igual que ocurría en derecho romano, convencer al Juez de una determinada verdad, sino vincular la sentencia a su contenido[87].
La deficiente regulación que ha tenido el allanamiento en las leyes procesales ha suscitado numerosas dudas en cuanto a su configuración, naturaleza y efectos, pero, puesto que era una figura plenamente vigente en la práctica procesal y empleada habitualmente en los tribunales, fue la jurisprudencia la que, de forma progresiva, perfiló su concepto y límites, efectuando una interpretación integral del ordenamiento jurídico[88].
La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881únicamente hacía referencia al allanamiento en el artículo 1.541.1, que, en sede de juicio ejecutivo, disponía que “si el ejecutante y el ejecutado se allanaren a la demanda de tercería, el Juez, sin más trámites, llamará los autos a la vista, con citación de las partes, y dictará sentencia”[89]. Aparte de este artículo, en materia de costas, el artículo 523.2 hacía mención del allanamiento permitiendo que no se efectuara ningún pronunciamiento en ese supuesto[90].
La escasa atención que la LEC prestaba al allanamiento contrastaba con la que presentaba el Decreto de 21 de noviembre de 1952, que regulaba el juicio de cognición. El artículo 41 contenía una ordenación algo más precisa de la figura, preceptuando que, cuando la contestación a la demanda tuviere por único objeto el allanamiento total, el Juez, sin más trámites, debía dictar sentencia estimando la demanda en todas sus partes[91]. No obstante lo anterior, el apartado segundo del artículo 41 establecía algunos límites por lo que la vinculación del Juez respecto del contenido del allanamiento no era absoluto y así, si éste suponía renuncia contra el interés o el orden público, o se hacía en perjuicio de tercero[92], se ordenaba al Juez dictar auto ordenando la continuación del procedimiento.
Otros límites y prohibiciones que se imponían a este acto procesal se podían colegir acudiendo a otras disposiciones generales del ordenamiento; así, no se permitía el allanamiento en los juicios que versaban sobre incapacitación[93], nulidad matrimonial, separación o divorcio[94] y paternidad o filiación[95], puesto que el objeto de estos procedimientos estaba sustraído al poder de disposición de las partes. Igualmente, como se ha mencionado, tampoco cabía el allanamiento cuando se realizaba en fraude de Ley, era contrario a leyes imperativas o prohibitivas, al interés u orden público, moralidad o buenas costumbres o si conducía a una condena con una prestación imposible o se llevaba a cabo en perjuicio de terceros, todo ello por aplicación general de los artículos 6.4 del Código civil, 1.255, 1.271 del Código civil,11.2 de la LOPJ, aparte del ya citado 41.2 del Decreto de 21 de noviembre de 1952.
La Ley 1/2000, de 7 de enero, vigente en la actualidad, para encontrar una regulación completa del allanamiento en los artículos 19 y 21, en los que, si bien continúa sin ofrecer una definición[96], se conceptúa como el poder de disposición del demandado sobre el objeto del proceso y sus pretensiones[97]. A este respecto, por lo tanto, el allanamiento se enmarca en el poder dispositivo que las partes tienen sobre el objeto de la litis, resultando fundamental que el objeto del proceso quede perfectamente delimitado[98].
A tenor del artículo 19.1 se permitirá el allanamiento cuando no exista prohibición legal para ello y no se establezcan limitaciones por razones de interés general o en beneficio de tercero[99], pudiendo llevarse a cabo en cualquier momento del procedimiento de la instancia[100] y también incluso en la segunda instancia o en la ejecución de la sentencia[101].No es necesario, por tanto, que se lleve a cabo en la contestación a la demanda, si bien en la praxis judicial es cierto que se venía realizando en ese momento de conformidad con al artículo 405.1[102]. En cualquier caso, lo que no se permite es el allanamiento tácito o implícito, debiendo ser llevado a cabo de forma expresa, aunque puede efectuarse de forma escrita o verbal, según el procedimiento de que se trate. En este sentido, el artículo 496.2 dispone que la rebeldía no debe ser entendida como allanamiento, salvo excepción legal expresa[103].
Los efectos del allanamiento se regulan en el artículo 21.1, según el cual si éste tiene por objeto todas las pretensiones del actor[104], el tribunal debe dictar sentencia condenatoria de acuerdo con lo solicitado en la demanda. Ahora bien, la vinculación de la sentencia al contenido del allanamiento no puede considerarse tan amplia como para impedir que el juez pueda realizar, antes de dictar la sentencia condenatoria, un examen de las normas generales aplicables al caso, ya que, el Juez está obligado al control de legalidad del acto en virtud del artículo 21.1, por si el allanamiento se hubiera hecho en fraude de ley o conlleva una renuncia de un derecho en perjuicio de tercero o del interés general, casos en los que deberá rechazar el allanamiento, continuando el juicio por su tramitación pertinente[105].
V. CONCLUSIONES.
El poder de disposición concedido a las partes sobre el objeto del proceso civil tiene reconocimiento en la actualidad en la mayoría de los derechos que en él se dirimen, si bien existen algunas excepciones que la Ley regula como limitaciones o prohibiciones a ese principio dispositivo. Actor y demandado pueden concluir la controversia iniciada, bien de forma conjunta a través de una transacción –cuyo acuerdo posteriormente será homologado por el Juez— o también por actos unilaterales realizados por una y otra parte, renunciando o desistiendo de la acción ejercitada, en caso de que sea el demandante quien lo lleve a cabo, o allanándose a la demanda, si se trata del demandado. En todos estos casos, el proceso terminará por una resolución judicial que se limitará a comprobar que los actos realizados cumplen los requisitos legales exigidos y que no se han realizado en fraude de Ley, contraviniendo el ordenamiento o perjudicando a terceros.
El allanamiento ha sido configurado en las leyes procesales y en la jurisprudencia como un acto procesal que atañe al demandado y que le permite aceptar la pretensión del actor, disponiendo del objeto del litigio. Aunque tradicionalmente ha estado presente en la praxis judicial, tan sólo ha encontrado una regulación sistemática en la LEC del año 2000, ya que, con anterioridad, únicamente se aludía a esta figura en algunos artículos dispersos de la LEC de 1881 y en el artículo 41 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, que regulaba el juicio de cognición.
La regulación primigenia del allanamiento se encuentra sin duda en el Derecho procesal romano, con el reconocimiento de la pretensión del actor que llevaba a cabo el demandado en la fase in iure, que, cuando se trataba de una deuda cierta de dinero, ocasionaba la inmediata ejecución de la deuda confesada. El surgimiento del procedimiento extraordinario, sin embargo, ocasiona que la confesión deje de configurarse como un allanamiento, pasando a ser entendida como la admisión de algunos o todos los hechos, adoptando así una naturaleza completamente distinta a la que había tenido en el ordo iudiciorum privatorum, ya que no evitará la resolución judicial que ahora resultaría imprescindible para la condena del demandado.
La recepción del allanamiento en el Derecho histórico español, quizás por la confusión producida en la última etapa del Derecho romano, se lleva a cabo con cierto desorden, al estar presente como postura procesal que podía adoptar el demandado en su contestación, pero también como reconocimiento del relato fáctico de la demanda en el marco de la denominada conoscencia. Así, en la mayoría de los cuerpos legales, en la regulación de la contestación a la demanda, consta la posibilidad del demandado de reconocer la certeza de la deuda o, en general, el derecho del actor, que provocaba la inmediata apertura de la vía ejecutiva, en ocasiones sin necesidad de la sentencia judicial. Este acto de reconocimiento, tanto en su contenido como en sus efectos, es el equivalente a la confesión que se producía en la fase in iure de los procedimientos formulario y de las legis actiones. Sin embargo, también se pueden ver los caracteres típicos del actual allanamiento en la figura de la conoscencia, que está presente en algunas leyes, porque, aunque consistía en la admisión de algunos de los hechos de la demanda –o incluso todos— y sus efectos eran más limitados, ya que en la mayoría de los casos llevaba aparejada tan sólo la exoneración de la carga probatoria que incumbía al actor respecto de aquellos hechos o circunstancias que el demandado había reconocido, lo cierto es que también ocasionaba que éste se entendiera juzgado por su confesión y condenado, poniendo fin al procedimiento y ocasionando la sentencia condenatoria, llevando a la apertura de la vía ejecutiva.
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