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ISSN 1989-1970 |
Abril-2024 Full text article |
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Fecha de recepción: 29/02/2024 |
Fecha de aceptación: 23/03/2024 |
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Palabras clave: Opus, opus facere, duty of best efforts, duty to achieve a specific result |
Keywords: Opus, opus facere, duty of best efforts, duty to achieve a specific result |
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OPUS FACERE: UNA APORTACIÓN DE LAS FUENTES JURÍDICAS ROMANAS EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES
OPUS FACERE: A CONTRIBUTION OF ROMAN LEGAL SOURCES IN THE SYSTEMATIZATION OF OBLIGATIONS
Eva María Polo Arévalo Profesora Titular de Derecho Romano Universidad Miguel Hernández ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0800-6429
(POLO ARÉVALO, Eva Maria. Opus facere: una aportación de las fuentes jurídicas romanas en la sistematización de las obligaciones. RIDROM [on line]. 32-2024.ISSN 1989-1970. Pp.361-450. https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom)
Resumen: Este trabajo estudia la trascendencia que tuvo la acogida del binomio “medios-resultado” en el ámbito de las obligaciones y contratos en los instrumentos de armonización del Derecho europeo y su incorporación en la doctrina civilista y jurisprudencia española. Se analiza también el progresivo abandono que esta distinción ha tenido en las propuestas de modernización y reforma del Código Civil publicadas en España. El trabajo concluye con el estudio de la relevante aportación que el Derecho romano puede ofrecer para la futura regulación de esta materia, a partir de las nociones de opus y opus facere que las fuentes presentan en el marco de las obligaciones de facere nacidas en la locatio-conductio y regidas por el principio de buena fe y el deber general de lealtad de las partes.
Abstract: This work studies the relevance of the reception of the “means-result” binomial in the field of obligations and contracts in the harmonization instruments of European Law and its incorporation in the civil doctrine and spanish jurisprudence. The progressive abandonment that this distinction has had in the proposals for modernization and reform of the Civil Code. The work concludes with the study of the relevant contribution that Roman Law can offer for the future regulation, based on the notions of opus and opus facere that the sources present in the field of the facere obligations born in locatio-conductio, governed by the principle of good faith and the general duty of loyalty of the parties.
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Sumario: I. Planteamiento. II. Incorporación de la distinción “medios-resultado” en la doctrina y jurisprudencia civil española: vinculación con el arrendamiento de servicios y obras. III. Best efforts-specific result y skill and care-result: problemática de la adopción del binomio “medios-resultado” en el Soft Law: A) PECL. B) Principios UNIDROIT. C) DFCR. IV. Recepción del binomio “medios-resultado” en Proyecto de Ley 123/0004-BOG, para la Reforma del Código civil en Materia de Servicios y de Obras, de 12 de abril de 1994 y abandono de la distinción en la Propuesta para la Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos de 2009 y en su revisión de 2023. V. Examen de las fuentes del Derecho Romano: una visión desde las nociones de opus y opus facere. VI. Conclusiones. VII. Bibliografía.
I. PLANTEAMIENTO.
El binomio “moyen-résultat”, acogido a lo largo del siglo XX en el entorno doctrinal y jurisprudencial europeo desde que DEMOGUE lo diera a conocer en su Traité des obligations, adquiere su máxima relevancia con la publicación de las propuestas que conforman el denominado Soft Law[1]. Los principales instrumentos de armonización incorporan en sus textos esta distinción en materia obligacional, elevándola así a la categoría de nexo común y punto de encuentro entre los sistemas jurídicos imperantes en Europa[2]. Estas propuestas aspiraban a servir, no sólo de referencia para en la práctica judicial, sino de cimiento cuando se abordada la reforma de los futuros proyectos de Código Civil y de base para la formación de un ius commune Europaeum que pudiera aplicarse a los contratos celebrados entre distintos países –independientemente de los ordenamientos estatales— y sin que existiera la necesidad de un sometimiento expreso de las partes implicadas. Sin embargo, la creación de ese Derecho común encontraba su principal problema en la difícil conciliación de los dos sistemas jurídicos imperantes en Europa –Common law y Civil law— que, precisamente en la esfera contractual hallaban una de sus más acusadas divergencias[3]. El Brexit, sin embargo, como afirma MURILLO VILLAR, ha supuesto la práctica desaparición del obstáculo que suponía la presencia del Common Law para la unificación de los ordenamientos jurídicos continentales[4], porque la continuidad de Irlanda no va a suponer que en el futuro Derecho común el peso de la base romanista ceda ante el derecho de tradición anglosajona[5].
La difícil conexión entre el sistema del Common law y los derechos continentales se había abordado en los instrumentos de armonización por dos vías, bien intentando explorar las posibilidades de concordia que existían entre los distintos Ordenamientos jurídicos, creando reglas ex novo que contentaran a todos, bien buscando la mejor solución cuando estaba clara la imposibilidad de encajar las normas de ambos sistemas, adoptándola aunque algunos Ordenamientos la desconociesen[6].Precisamente esta última opción es la que se adoptó en el tema de la clasificación de las obligaciones, materia en la que los instrumentos de armonización acogieron la distinción entre “medios-resultado” de DEMOGUE, que, aunque no se encontraba recogida en algunas legislaciones nacionales, sí era conocida doctrinalmente y su empleo estaba generalizado en la jurisprudencia, aunque con una terminología diversa[7]. Denominadas duty of best efforts, obligation of skill and care, duty to achieve a specific result u obligation to achieve result, la clasificación de las obligaciones basada en la distinción “medios-resultado”, supone una simplificación excesiva para la compleja realidad que existe en la contratación internacional, lo que, como se verá en este trabajo, ha ocasionado que se haya tenido que recurrir en los propios textos a conceptos vagos y reglas imprecisas, con la finalidad de ofrecer criterios que permitan deslindar ambos tipos de obligaciones. Todo ello ha dado lugar a una redacción tortuosa, con vueltas y rodeos sobre nociones poco definidas e ideas que dejan demasiado abierto el camino hacia la arbitrariedad[8].
Seguramente por todo lo anterior, las reformas de los Códigos Civiles y las propuestas de reformas que han visto la luz durante estos últimos años han rechazado la incorporación del binomio “medios-resultado” en la clasificación de las obligaciones, no quedando rastro alguno de esta distinción en los textos que se han redactado hasta ahora. Así, en la reforma del Código Civil francés que tuvo lugar en el año 2016[9], desapareció por completo la referencia al “moyen-résultat” en materia obligacional, y eso que una de las finalidades de la reforma fue posibilitar su armonización y uniformidad con otros derechos europeos a fin de eliminar trabas para la consecución de un Derecho común en materia contractual. Esta reforma entraña una importantísima innovación en materia contractual y obligacional por la renuncia que se hace en ella de cuestiones que habían resultado emblemáticas en el Derecho civil francés[10], tales como el abandono de la exigencia de la causa en los contratos y de la clasificación de las obligaciones por su objeto en dar, hacer o no hacer alguna cosa.
La reforma del Derecho civil francés tiene una relevancia extraordinaria para España, dada la decisiva influencia del Code de Napoleón en nuestro Código civil[11]; de hecho, en la Propuesta para la Modernización del Código Civil español, que ha sido revisada el pasado año por parte de la Sección Civil de la Comisión General de Codificación, se ha seguido la estela de la reforma francesa, eliminándose la distinción entre obligaciones de medios y resultado. Igualmente, también se ha eliminado en reforma que se ha llevado recientemente en el Código Civil belga, en virtud de Loi de 28 de abril de 2022, portant le livre 5 “Les obligations” du Code civil, lo que viene a demostrar una tendencia de los textos legislativos hacia la eliminación de cualquier rastro que recuerde a la distinción “medios-resultado” en materia de obligaciones y el abandono definitivo de una sistematización en la que no ha existido consenso ni siquiera en la terminología que se debía emplear. Y es que la distinción, polémicas aparte, suponía una simplificación excesiva de las relaciones contractuales, porque lo habitual en cualquier contrato no es que las partes indiquen claramente el resultado a alcanzar ni tampoco que ese resultado se encuentre perfectamente identificado o determinado. Igualmente, una misma actividad profesional puede llevar consigo, algunas veces, una obligación de medios mientras que, en otras, requerirá la consecución de un resultado concreto, pero saber deslindar esta cuestión resulta una tarea en ocasiones prácticamente imposible.
No obstante, el rotundo rechazo de la distinción entre obligaciones de medios y resultados en las reformas y propuestas de modernización de los Códigos Civiles ha llevado a que también se abandonen otras formulaciones que sí podrían seguir resultando válidas en la actualidad y que han sido apartadas para poder compatibilizar las legislaciones civiles en aras de ese deseado Derecho común de contratos[12]. Esto ha ocurrido con la clasificación tradicional de las obligaciones –dar, hacer o no hacer— a la que se había vuelto cuando la Sección de derecho civil de la Comisión General de Codificación elaboró en el año 2009 la Propuesta para la Modernización del Derecho de obligaciones y contratos, pero que, finalmente, ha sido eliminada en la revisión de 2023, calificándola de “añeja distinción” y a fin de, según el texto, “simplificar el contenido” del capítulo y evitar “las diferenciaciones puramente académicas que no resultan útiles ni necesarias”[13], siguiendo así la renuncia que anteriormente se había llevado a cabo en Francia y que se materializó cuando se aprobó la reforma de su Código Civil.
El panorama actual en España es singular porque, a pesar de que la revisión de la Propuesta de Modernización de 2009 no incluye ni la distinción “medios-resultado” ni la arraigada de “dar-hacer-no hacer”, la jurisprudencia continúa empleándola porque la regulación de los contratos de arrendamiento de obras y servicios se encuentra inalterada y la práctica judicial española lleva años haciendo referencia al binomio “medios-resultado” para intentar superar los extraordinarios inconvenientes a que ha dado lugar la regulación que estos contratos tienen en nuestro Código civil, en mi opinión, por la pésima incorporación que se hizo de las reglas que para estas figuras existieron en Derecho romano[14]. Por ello, creo que una revisión del examen de las obligaciones desde la perspectiva del dare-facere presente en las fuentes romanas –dejo a un lado el praestare, noción compleja y que en los textos aparece bajo perfiles difusos— puede ofrecer una visión distinta y clarificadora de esta materia, porque la summa divisio del objeto de las obligaciones empleada por los juristas romanos presentaban el facere como marco genérico en el que se podían englobar una gran variedad de prestaciones, en las que estarían incluidas también aquellas en las que debía alcanzarse un resultado.
II. INCORPORACIÓN DELA DISTINCIÓN “MEDIOS-RESULTADO” EN LA DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA CIVIL ESPAÑOLA: VINCULACIÓN CON EL ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS Y OBRAS.
La ausencia de reconocimiento legal del binomio “medios-resultado” –al no referirse el Código Civil a él ni en materia contractual ni obligacional— no supuso impedimento alguno para que, a lo largo del siglo XX, doctrina y jurisprudencia estudiaran y aplicaran esta distinción, vinculándola con el arrendamiento de obras y servicios para intentar clarificar el régimen de responsabilidad del deudor o la carga de la prueba del incumplimiento en estas figuras contractuales. Así, la mayoría de civilistas incorporaron a sus manuales el binomio “medios-resultado” –manteniendo o variando esta terminología— como criterio para clasificar las obligaciones[15] y los Tribunales adoptaron en sus sentencias esta distinción para la resolución de problemas relacionados con los contratos de arrendamiento de obras y servicios[16].
La doctrina civilista acogió de forma entusiasta la división entre obligaciones de medios y resultados sobre la base de que esta distinción clarificaba el régimen en materia de prueba cuando se examinaba el incumplimiento de un contrato y la responsabilidad del deudor[17], puesto que, en las obligaciones en las que el deudor se hubiera comprometido a la consecución de un resultado, se presumiría la concurrencia de culpa en caso de que éste no se alcanzara, mientras que, si no se había obligado a ello, la culpa se debería acreditar por la parte perjudicada[18]. Los Tribunales, por su parte, fueron desarrollando una línea jurisprudencial que conceptuaba el arrendamiento de obra como aquella relación contractual en la que su prestación implicaba la obtención de un resultado, llevando aparejada, por tanto, una responsabilidad objetiva del deudor en caso de que éste no se alcanzara, mientras que el arrendamiento de servicios se configuraba como el contrato en el que la obligación se concretaba en la realización de una actividad, que debía ser llevada a cabo con la diligencia exigida en cada caso y su régimen de responsabilidad estaría asentado en la culpa, con base en el artículo 1.104 del Código civil[19].
La conexión tan nítida entre “obra-resultado” y “servicios-medios” que se quiso implantar por parte de doctrina y jurisprudencia pronto comenzó a oscurecerse, presentando contornos cada vez más difusos[20], porque contratos que tradicionalmente se habían enmarcado claramente en una modalidad de arrendamiento verían desfigurada su adscripción a una u otra modalidad por la aparición de nuevas formas de relaciones o encargos profesionales. En efecto, los contratos celebrados en ámbitos como el médico[21] o el ejercicio de la abogacía[22] que habían quedado enmarcados en el arrendamiento de servicios, han pasado a ser entendidos como arrendamiento de obra cuando tienen por objeto operaciones de cirugía estética, esterilización o tratamientos odontológicos u oftalmológicos o, en el ámbito de la abogacía, cuando se trate de redacción de dictámenes, contratos o informes[23]. Igualmente, las relaciones con profesionales de la arquitectura, que se calificaban como contratos de obra, han visto modificada su adscripción al arrendamiento de servicios cuando se trata de contratar la dirección de una obra y no la realización de un proyecto[24]. En definitiva, la aparente superación de la problemática que planteaba la regulación que el Código Civil respecto del arrendamiento de servicios y obra, ha llevado a la jurisprudencia por un camino tortuoso –y podría decirse que infructuoso— que ha llevado a que el propio Tribunal Supremo se refiriera a esta materia como una “cuestión siempre polémica”[25].
Al igual que ha ocurrido con la jurisprudencia, en la doctrina civilista no faltaron autores muy críticos con la distinción “medios-resultado” alegando su falta de utilidad y poniendo de manifiesto que la responsabilidad del deudor siempre obedecerá a parámetros comunes en unas y otras obligaciones y las reglas que atañen la carga probatoria serán las generales sea una obligación de medios o de resultado[26]. Como afirma JORDANO será la prestación la que repercutirá en el distinto modo de configurarse la contravención de la obligación por el deudor y en el contenido de la carga probatoria del acreedor que pretende la responsabilidad contractual[27].En este sentido, ROZO SORDINI[28]apunta que no parece razonable admitir la existencia de obligaciones en las que únicamente se deba un resultado y no un esfuerzo para su realización ni obligaciones en las que solo se exija al deudor un esfuerzo sin intentar el resultado previsto por el acreedor[29]. En definitiva, como apunta LOBATO GÓMEZ, no puede defenderse que obligaciones de medios y de resultado constituyan “dos categorías estancas” ni que, entre ellas, exista “una línea de demarcación rígida”[30]. Y, en efecto, quizás este haya sido el error en el tratamiento e incorporación del binomio “medios-resultado”, ya que, con independencia de su mayor o menor utilidad, la cuestión principal a resolver es si se puede establecer una separación nítida entre las obligaciones “de medios” y las de “resultado”, porque, si no se puede realizar esa distinción, difícilmente se podrán esclarecer otras cuestiones como el régimen de responsabilidad del obligado o sobre quién ha de recaer la carga probatoria en caso de incumplimiento. Y, lamentablemente, parece que la fijación de una frontera clara entre unas y otras obligaciones no ha sido un camino sencillo, llevando a la doctrina y a la jurisprudencia a espacios más sombríos que de luz[31]. Efectivamente, han sido muchos los criterios tenidos en cuenta para distinguir las obligaciones de medios o de resultado, pero ninguno ha sido concluyente para tal fin; así, entre otros, se ha destacado el papel activo o pasivo del acreedor en cada una[32], la imputación del riesgo[33], el coste o la naturaleza de la obligación[34], la voluntad de las partes[35] o el alea del resultado[36], siendo estos dos últimos los más repetidos por los autores[37] y, en concreto, el carácter aleatorio del resultado, ha sido el criterio que ha empleado de forma reiterada el Tribunal Supremo, entendiendo que cuando el resultado depende de factores o circunstancias que el deudor no puede controlar, no se podrá garantizar y, por tanto, la obligación tendrá que ser conceptuada como “de medios” y cuando este resultado depende del deudor, entonces se debería calificar “de resultado”.
Con todo lo anterior, lo cierto es que el único consenso al que se ha llegado es que ninguno de los criterios por sí sólo resuelve la cuestión de escindir de forma clara si una obligación es “de medios” o “de resultado”[38], ya que todas las obligaciones tienden a un resultado y el interés del acreedor está de forma primaria en que éste se consiga, aunque en las obligaciones “de medios” siempre queda fuera de la prestación debida mientras que en las de resultado quedaría integrado en la prestación[39]. Al final, tras esta discusión doctrinal, algunos autores defendieron otorgar un carácter general a las obligaciones “de medios” y de excepcionalidad a las “de resultado”, entendiendo que en ambas obligaciones se debe exigir al deudor que ejecute la obligación con la máxima diligencia[40], entendiendo además que los contratos normalmente implican la existencia simultáneamente de ambos tipos de obligaciones[41]. En cualquier caso, como afirma CRESPO MORA, defensores y detractores de la distinción entre obligaciones de medios y de resultados, parecen coincidir en que no siempre se van a poder exigir al deudor los resultados que satisfacen el interés primario del acreedor[42].
III. BEST EFFORTS-SPECIFIC RESULT Y SKILL AND CARE-RESULT: PROBLEMÁTICA DE LA ADOPCIÓN DEL BINOMIO “MEDIOS-RESULTADO” EN EL SOFT LAW.
El denominado Soft law, como es sabido, está conformado por instrumentos jurídicos cuya pretensión principal no es convertirse en Derecho positivo sino servir de inspiración para la creación de un Derecho común en el ámbito europeo. Tanto los Principios Europeos de Derecho de los Contratos (PECL) como los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales o el Marco Común de Referencia (DCFR) han intentado ofrecer reglas que constituyan puntos de encuentro entre las diversas legislaciones europeas, sobre todo en material de obligaciones y contratos. En este punto, la mayoría de estos instrumentos han acogido la distinción “moyen-resultat” de DEMOGUE porque, aunque no estaba reconocido en algunas normativas nacionales, sí era habitualmente aplicada en la praxis judicial y conocida ampliamente por la doctrina civilista de estos países. A continuación, pasaré a examinar la problemática que ha supuesto la acogida del binomio “medios-resultado” en estos instrumentos de Soft law, comenzando por los PECL que, si bien no lo recogen, sí me parece relevante y destacable la propuesta que realizan en esta materia.
A) PECL.
Este texto redactado por la Comisión del Derecho Europeo de Contratos –más conocida como “Comisión Lando”— no recoge en su articulado el binomio “medios-resultado”, salvo para referirse al ámbito del incumplimiento esencial del contrato, aunque la obtención de un resultado se puede colegir fácilmente por la aplicación del principio de buena fe, que se acoge como principio rector y directriz de comportamiento que las partes deben observar a lo largo de toda la relación contractual.
En la introducción general de los Principios, al hacer referencia a la metodología empleada en su elaboración, se afirma que ésta se centra en la búsqueda del núcleo común del Derecho de contratos de todos los Estados miembros de la Unión para, a partir de ahí, crear un sistema uniforme basado en la praesumptio similitudinis, que intenta encontrar las reglas que los derechos nacionales comparten, pero sin limitarse a ellas. Así, se trata de llevar a cabo una tarea de análisis comparativo y una labor creativa para ofrecer propuestas de reglas y principios adecuados que puedan satisfacer a todos los Estados. Seguramente por ello, en los PECL no se recoge la distinción entre obligaciones de medios y resultado en ninguna de las materias que atañen al ámbito contractual. Por el contrario, sí existe una constante remisión al principio de buena fe como principio rector del Derecho de contratos, derivado de la tradición romanística y muy arraigado en los Ordenamientos jurídicos europeos.
El Principio de buena fe se consagra como deber general en el articulado de los PECL y así, en la sección correspondiente a los deberes generales de las partes en el ámbito contractual, se impone expresamente, en el artículo 1:201, apartado primero, la obligación de “actuar conforme a las exigencias de la buena fe”, prohibiendo su exclusión o limitación[43]. Igualmente, en el artículo siguiente, se prescribe el deber de colaboración de las partes entre sí “para que el contrato surta plenos efectos”[44], acogiendo así la tradición de lo que significó la bona fides en el Derecho Romano como deber genérico de lealtad entre las partes en orden a que el contrato llegara a buen fin, sin que se requiriera la expresa constancia de todas las obligaciones que se debían cumplir.
La idea anterior se ve respaldada en el artículo 1:106, referido a la interpretación e integración de los contratos, en el que se establece que, para llevar a cabo esta labor, “en especial” debe atenderse “a la necesidad de favorecer la buena fe”, añadiendo que las cuestiones que no estén expresamente resueltas en los PECL se solventarán de acuerdo con esa directriz[45]. Igualmente, al regular el incumplimiento, se afirma que éste no se limita a la contravención de las obligaciones expresamente pactadas, sino que se extenderá a la “inobservancia del deber de colaborar para que el contrato surta plenos efectos”[46]. Y, por último, en materia de anulabilidad del contrato, el artículo 4:109 permite este recurso en caso de que se produzca un beneficio excesivo o ventaja injusta para una de las partes, siempre que, en el momento de la conclusión, ésta tuviera conocimiento –o, aunque no lo tenga, lo hubiera debido tener— de que la otra parte se encontraba en una situación de clara desventaja, aprovechándose de ella[47]. En este caso, se faculta al juez para que pueda realizar los ajustes o correcciones necesarios a fin de adaptar el contrato a “lo que podría haberse acordado”, porque se entiende que se ha contravenido el principio de buena fe contractual y, por tanto, se debe restaurar la situación de igualdad entre las partes aplicándolo[48].
Conforme a lo anterior, a mi juicio, el deber de obtener un resultado con la actividad contratada claramente derivará del principio de buena fe contractual, que exigirá su obtención si, aplicando las reglas hermenéuticas, se concluye que éste era previsible y posible. Así se pone de manifiesto en el artículo 5:101, referido a las reglas generales de interpretación de los contratos, cuando expresa que si una de las partes tenía la intención o “buscó dar un sentido particular al contrato” que la otra parte “no podía ignorar”, el contrato se debe interpretar en el sentido dado por esa parte[49]. Teniendo en cuenta este artículo, si una de las partes buscó en el contrato y esperó la consecución de resultado, que la otra parte sabía o debía saberlo, ese resultado será exigible aunque no esté contemplado expresamente en sus cláusulas[50].
En consonancia con lo anterior, el artículo 8:103, al hacer referencia a la noción de “incumplimiento esencial” del contrato, hace constar en los apartados (a) y (b) al hecho de que la obligación pertenezca a la causa del contrato y que el incumplimiento prive a la parte de lo que legítimamente cabe que se espere del contrato, añadiendo que “salvo que la otra parte no hubiera previsto o no hubiera podido prever en buena lógica ese resultado”[51]. En este artículo, se puede ver claramente una referencia a la obligación de obtener un resultado, entendido en sentido amplio como aquél que legítimamente cabía esperar del contrato. No se menciona expresamente, pero la genérica y vaga expresión que contiene el artículo, permitiría que se englobaran una gran variedad de finalidades que una de las partes puede esperar de la celebración del contrato y que, por ello, la actuación del obligado debe encaminarse a su satisfacción. Sin embargo, puesto que esos fines –resultados— buscados en el contrato pueden resultar más ilusorios que posibles o incluso pueden no ser factibles de conseguir, los PECL dejan a salvo que la parte obligada no hubiera previsto o no hubiera podido prever ese resultado querido por la otra parte –y, aquí sí, ya se encuentra una mención expresa— ordenando que, entonces, no le sería exigible.
En definitiva, los PECL soslayan la referencia expresa la distinción “medios-resultado”, si bien la elevación del principio de buena fe contractual, entendido en el sentido clásico recogido en los Ordenamientos continentales como deber general de lealtad entre las partes generador de cuántas obligaciones sean necesarias para que el contrato llegue a buen fin, aunque éstas no se hayan contemplado expresamente, hace que el deudor deba alcanzar –y así se le exigirá— el resultado que las partes hubieran previsto o esperado con esa relación contractual.
B) PRINCIPIOS UNIDROIT.
Los Principios UNIDROIT, en su última edición de 2016, al contrario que los PECL, sí recogen explícitamente la distinción “medios-resultado” aplicado a las obligaciones, distinguiendo en su artículo 5.4.1 entre duty of best efforts y duty to achieve a specific result:
Art. 5.1.4. (Duty to achieve a specific result. Duty of best efforts). (1) To the extent that an obligation of a party involves a duty to achieve a specific result, that party is bound to achieve that result. (2) To the extent that an obligation of a party involves a duty of best efforts in the performance of an activity, that party is bound to make such efforts as would be made by a reasonable person of the same kind in the same circumstances[52].
La terminología empleada es diferente a la clásica de moyen-resúltat, si bien la noción es básicamente la misma: para a la primera, se emplea la expresión best efforts y, para la segunda specific result, cuya calificación no depende del pacto de las partes sino de la propia naturaleza de la obligación[53]. Por tanto, el artículo hace recaer en la propia obligación el deber de conseguir un resultado o no per se, independientemente de que se consigne expresamente en el contrato. En el caso de que la obligación requiera únicamente “emplear los mejores esfuerzos”, el obligado tendrá que actuar entonces con la diligencia que pondría una “persona razonable de su misma condición en circunstancias similares”[54].
Partiendo de esta conceptualización, parece que la cuestión primordial es establecer qué criterios se deben aplicar para poder deslindar de la forma más clara posible ambos tipos de obligaciones, puesto que de ello dependerá la exigencia de un resultado o no al deudor y, en caso de incumplimiento, si éste tiene suficiente entidad para que el perjudicado pueda rescindir el contrato[55]. Parece bastante evidente que el tenor del artículo 5.1.4 se sitúa en la línea de entender que las obligaciones que exigen “best efforts” no requieren la obtención de un resultado –al menos entendido como un producto final[56]— y que, además, este parámetro debe ser medido desde un punto de vista subjetivo, puesto que el texto se remite para su fijación a las cualidades personales del deudor –persona razonable “de la misma condición”— y a las circunstancias concurrentes en ese caso concreto –circunstancias similares—. Sin embargo, a mi juicio, existen carencias relevantes en el articulado de los Principios que complican excesivamente el régimen en relación con el binomio “medios-resultados”. Hubiera sido deseable, en primer lugar, una definición lo más clara posible de lo que se entiende por “resultado”, porque con él se puede entender que el deudor debe obtener un producto material o físico, pero también, en sentido más amplio, se puede extender a la simple culminación de la propia actividad contratada, sin necesidad de que se obtenga ningún producto. Tampoco, en segundo lugar, la expresión “mejores esfuerzos” queda clara porque se vincula a la “diligencia” que emplearía una “persona razonable” “de la misma condición” y “en circunstancias similares”, conceptos vagos e imprecisos que no clarifican demasiado porque requieren igualmente de una interpretación adicional. Con todo lo anterior, el artículo 5.1.5 propone una serie de criterios que, sin pretensiones de exhaustividad, se ofrecer para intentar averiguar el tipo de obligación –de medios o de resultado— en caso de que las partes no lo hayan reflejado expresamente en el contrato[57]:
Art. 5.1.5. (Determination of kind of duty involved). In determining the extent to which an obligation of a party involves a duty of best efforts in the performance of an activity or a duty to achieve a specific result, regard shall be had, among other factors, to (a) the way in which the obligation is expressed in the contract; (b) the contractual price and other terms of the contract; (c) the degree of risk normally involved in achieving the expected result; (d) the ability of the other party to influence the performance of the obligation[58].
Para deslindar las obligaciones que involves a duty of best efforts in the performance of an activity de las que implican a duty to achieve a specific result, se cita, como primer criterio, la forma en que se encuentra redactada o expresada la obligación en el propio contrato, con el fin de averiguar si la voluntad de las partes incluía el deber de alcanzar un resultado específico o no. En segundo lugar, el artículo entiende que es indicativo de que la obligación es “de resultado” la fijación de un precio elevado por la prestación, la vinculación del pago a la conclusión de la operación o las cláusulas de penalización[59] y el grado de riesgo que conlleva el cumplimiento de la obligación, que si es elevado, permitiría suponer que no se está garantizando ningún resultado, pero que si no lo es, parecería lógico pensar que el acreedor pueda exigirlo[60]. El último criterio que se cita en el artículo es el grado de influencia que el propio acreedor puede tener en la consecución del “resultado”: si para lograrlo se requiere su colaboración, sería indicativo de que al deudor no se le exigiría el mismo porque no dependería únicamente de él.
En realidad, todos estos “factores” –como así se denominan en el artículo 5.1.5— no son otra cosa que reglas de interpretación encaminadas a esclarecer el contenido de la relación contractual[61], ya que, como consta en el propio comentario al artículo, no es muy habitual que exista sólo una parte obligada a tan sólo una prestación, sino que normalmente se establecen una multitud de obligaciones recíprocas entre ambas partes, con el consiguiente cumplimiento de diversas, algunas de la cuales llevarán aparejado el deber de alcanzar un “resultado”[62].
La delimitación de la prestación, para establecer si requieren un “resultado” o los “mejores esfuerzos”, constituye una labor propia de hermenéutica que se puede dilucidar acudiendo a los criterios generales de interpretación: voluntad de las partes[63], negociaciones previas, actos posteriores y coetáneos y declaraciones[64], circunstancias del caso concreto[65], naturaleza y finalidad del contrato o las prácticas y usos generalmente aplicados en la prácticas, complementadas todas ellas con otras normas como la regla contra proferentem[66] o la de integración del contrato[67]. Esta labor interpretativa, en mi opinión, es lo que resulta esencial porque de la precisión del objeto de la obligación dependerá la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento; por ello, parece poco aconsejable efectuar remisiones a conceptos demasiado abiertos que dificultan conocer la prestación que debe cumplir el deudor y que puede exigir el acreedor y, en caso de que no se cumpla, si éste puede rescindir el contrato porque ésta se considerarse esencial para la relación obligatoria[68]. A este respecto, el artículo 7.3.1, apartado segundo, ofrece nuevas pautas para dilucidar cuándo se puede entender que el incumplimiento de una obligación constituye una fundamental non-performance, destacando el apartado (a) que establece la privación sustancial “a la parte perjudicada de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato”, salvo que la otra parte “no hubiera previsto ni podido prever razonablemente ese resultado”[69]:
Art. 7.3.1. (Right to terminate the contract). (1) A party may terminate the contract where the failure of the other party to perform an obligation under the contract amounts to a fundamental non-performance. (2) In determining whether a failure to perform an obligation amounts to a fundamental non-performance regard shall be had, in particular, to whether (a) the non-performance substantially deprives the aggrieved party of what it was entitled to expect under the contract unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen such result[70].
De nuevo se efectúa la remisión a conceptos indeterminados –“privación sustancial”, “lo que se tenía derecho a esperar”, “resultado previsto”, “resultado razonable”— para establecer qué debe entenderse por incumplimiento esencial, lo que vuelve a exigir una interpretación de todas estas nociones de forma previa para abordar con posterioridad la tarea de establecer si el incumplimiento puede considerarse esencial o no.
Sí prevé el artículo, por el contrario, dos situaciones problemáticas en relación con lo anterior y son, por un lado, que una de las partes haya puesto en el contrato unas expectativas ilusorias o irreales que el obligado no puede cumplir y, por otro lado, que la parte obligada abuse de su posición no asumiendo un resultado que sí es factible conseguir con la actividad contratada. Así, para garantizar la protección del deudor ante las quiméricas aspiraciones de la otra parte contractual, se establece que la obtención del resultado querido por el acreedor tiene que haber sido previsto también por el obligado, debiendo producirse así una coincidencia de voluntades respecto a que ese resultado es factible y queda integrado en la prestación[71]. Igualmente, para evitar abusos de la parte obligada, este artículo requiere que el resultado a alcanzar no se exija a ésta, no porque no lo hubiera previsto, sino porque razonablemente no se podía prever –unless the other party did not foresee and could not reasonably have foreseen such result—.
Por ello, en el artículo 5.1.1 también deja claramente establecido que el contrato obligará a todo aquello que, de manera implícita, se derive de la nature and purpose of the contract, las practices established between the parties and usages[72], la reasonableness y la good faith and fair dealing[73].
Esta última remisión que se realiza al principio de la buena fe y lealtad negocial, a mi juicio, resulta muy relevante, ya que, finalmente y tras varias vueltas y referencias a conceptos vagos e imprecisos, se recurre por fin al principio de buena fe, que tiene su consagración genérica en el artículo 1.7[74], fuertemente arraigado en los Ordenamientos del Civil Law y cuyo significado es sobradamente conocido. Creo que habría hecho falta poco más que la plasmación del principio de buena fe en su concepción clásica para solucionar las dificultades que puedan darse en esta sede ya que, por aplicación del mismo se debe entender que, aunque no exista un pacto expreso entre las partes, si la actividad contratada permite la obtención de un resultado específico que satisfaga el interés primario del acreedor, puede considerarse que éste forma parte del núcleo de la prestación que se debe exigir al obligado[75].
C) DFCR.
El Marco Común de Referencia aplica una metodología basada en la búsqueda de las reglas y principios más sobresalientes que se encuentran presentes en los Ordenamientos jurídicos del ámbito europeo para, aunque no sean comunes a ellos, recogerlos en su articulado[76]. De esta forma, en materia de obligaciones, acoge la distinción “medios-resultado”, que pertenece más al ámbito del Common law y no al del sistema continental, por entender que resulta útil para clarificar esta materia y que permite cumplir con la función integradora e interpretadora a la que aspirar esta iniciativa[77].
El artículo IV.C.–2:106, referido al contrato de prestación de servicios[78], establece, por tanto, el deber del proveedor de alcanzar el resultado expresamente pactado al contratar la actividad o, incluso si no se ha pactado, siempre que pueda considerarse previsible su obtención cuando ésta se contrata:
Art. IV.C.–2:106: Obligation to achieve result (1) The supplier of a service must achieve the specific result stated or envisaged by the client at the time of the conclusion of the contract, provided that in the case of a result envisaged but not stated: (a) the result envisaged was one which the client could reasonably be expected to have envisaged; and (b) the client had no reason to believe that there was a substantial risk that the result would not be achieved by the service[79].
Algunos autores han defendido que el binomio “medios-resultado” no se encontraría presente en el DFCR, porque su dicción tan sólo se recoge la obligación de resultado, silenciando cualquier referencia a la de medios[80]. Sin embargo, en mi opinión, parece lógico pensar que si el artículo prevé la posibilidad de que el resultado final del servicio –pactado o previsto— pueda no lograrse, de forma implícita se está admitiendo la existencia de ambos tipos de obligaciones[81]. El punto de partida, en efecto, es la celebración de un contrato de servicios que tiende a la obtención de un resultado específico que el cliente quiere ver satisfecho cuando termine la relación contractual, pero, al tener en cuenta que la capacidad para lograr ese resultado –interés primario que persigue el acreedor— no siempre depende de factores que están bajo la esfera de control del proveedor, ya está admitiendo que éste no pueda llegar a ser exigido por el cliente. Eso sí, el artículo IV.C.–2:102 impone al prestador de servicios el deber de advertir, antes de formalizar el contrato al cliente que exige expresamente un resultado concreto, que podría no alcanzarlo, porque en caso de no llevarlo a cabo, y con independencia de lo difícil que resulte conseguirlo, se le exigirá alcanzarlo[82].
Al igual que ocurre en los Principios UNIDROIT, el DFCR también incurre en imprecisión cuando trata de establecer qué resultado se debe alcanzar en el caso de que no se hubiera expresado en el contrato. Así, el artículo IV.C.–2:106 dispone que si se puede prever la obtención de un resultado concreto con el desarrollo del servicio y su consecución no entraña un riesgo sustancial para el proveedor, el cliente tendrá derecho a exigirlo[83]. De nuevo aparecen como referentes conceptos imprecisos, como “substantial risk” y remisiones al modelo de conducta del “prestador de servicios razonable” para evaluar si en el caso concreto de que se trata el proveedor debía haber obtenido o no el resultado esperado por el cliente[84], que conducen a que el propio DFCR ofrezca una serie de pautas o criterios para conocer cuando el proveedor estaría obligado a alcanzar un resultado. En este sentido, el artículo IV.C-2:106 se refiere a las nociones de “resultado previsible” y “declarado”[85] y, para determinar el grado de diligencia “razonable” que cabe esperar en el prestador de servicios, el artículo art IV.C.‐2:105(4) enumera algunos criterios, en clara analogía con los que se recogen en el artículo 5.1.5 de los Principios UNIDROIT, como la naturaleza y previsibilidad de los riesgos de la operación, los costos del servicio, la condición de empresario del proveedor, la onerosidad de la actividad, la remuneración o el tiempo pactado para la ejecución del servicio:
Art. IV.C.‐2:105(4): In determining the care and skill the client is entitled to expect, regard is to be had, among other things, to: (a) the nature, the magnitude, the frequency and the foreseeability of the risks involved in the performance of the service for the client (b) if damage has occurred, the costs of any precautions which would have prevented that damage or similar damage from occurring (c) whether the service provider is a business(d) whether a price is payable and, if one is payable, its amount; and (e) the time reasonably available for the performance of the service.
Por lo tanto, los mismos problemas que tenían los Principios UNIDROIT se encuentran ahora en el DFCR, que también se reproducen en cuanto al concepto de incumplimiento esencial plasmado en el artículo III.–3:502:
Art. III.–3:502: Termination for fundamental non-performance (1) A creditor may terminate if the debtor’s non-performance of a contractual obligation is fundamental. (2) A non-performance of a contractual obligation is fundamental if: (a) it substantially deprives the creditor of what the creditor was entitled to expect under the contract, as applied to the whole or relevant part of the performance, unless at the time of conclusion of the contract the debtor did not foresee and could not reasonably be expected to have foreseen that result; or (b) it is intentional or reckless and gives the creditor reason to believe that the debtor’s future performance cannot be relied on[86].
El artículo establece la posibilidad de resolver el contrato por incumplimiento esencial del obligado, entendiendo por éste el que prive sustancialmente al acreedor de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, aunque no venga referido a la totalidad del contrato –si bien sí que debe incidir en una parte significativa—. Por lo tanto, es muy importante saber qué es lo que el cliente esperaba –o podía razonablemente podía esperar— y ello, sin duda, dependerá en gran medida de la naturaleza y los términos del contrato, también de los usos y prácticas, la cualificación y experiencia del acreedor; en definitiva, hay que descender a las circunstancias del caso concreto. El artículo excepciona el caso de que en el momento de la celebración del contrato el deudor, o no hubiera previsto el resultado o, aunque lo hubiera previsto, no cabe esperar que lo hubiera previsto una persona razonable, haciendo remisión a éste arquetipo, al que habrá que acudir en el supuesto en que el acreedor hubiera esperado un resultado que, atendiendo a las circunstancias del caso, era razonable no esperarlo.
En definitiva, regulación imprecisa también el DFCR, al remitirse a conceptos vagos y demasiado amplios que obligan a una interpretación previa de ellos y que dificultan de forma notable la fijación de si la prestación entraña la obtención de un resultado o no y cuándo su falta de consecución conlleva la posibilidad de rescindir el contrato.
IV. RECEPCIÓN DEL BINOMIO “MEDIOS-RESULTADO” EN EL PROYECTO DE LEY 123/0004-BOG, PARA LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE SERVICIOS Y DE OBRAS, DE 12 DE ABRIL DE 1994 Y ABANDONO DE LA DISTINCIÓN EN LA PROPUESTA PARA LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS DE 2009 Y SU REVISIÓN DE 2023.
La polémica que se desarrolló en el seno de la doctrina civilista a lo largo del pasado siglo y la adopción del binomio “medios-resultado” por parte de la jurisprudencia para intentar establecer un régimen de responsabilidad vinculado a los contratos de arrendamientos de obras y servicios regulados en el Código Civil, que se ha expuesto en el apartado II, alcanzó su plasmación legislativa en España con la Propuesta de Reforma del Código Civil en materia de servicios y de obras, llevada a cabo en virtud del Proyecto de Ley 123/0004-BOG, de 12 de abril de 1994. Hay que tener en cuenta que nuestro Código civil no había sido modificado prácticamente desde 1889, siendo uno de los más antiguos del entorno europeo[87] y, por ello, en la Exposición de Motivos del Proyecto se pone de manifiesto la necesidad de regular estos contratos para que queden fuera del arrendamiento, evitando así los problemas prácticos a los que daba lugar el articulado del Código Civil, ya que ocasionaba, según se advierte, un “alto número de litigios” que los Tribunales debían resolver supliendo “las manifiestas insuficiencias de los textos legales”. Con este propósito, se aborda la tarea primordial de “precisar el concepto de cada uno de estos contratos”, deslindando el contenido y finalidad porque “siendo necesario siempre, resulta imprescindible cuando, como en este caso, se trata de figuras en las que se dan semejanzas entre las que existen fronteras no siempre claramente precisadas, que es lo que ocurre en los contratos de servicios y de obras”. Así, para delimitar el contrato de obra frente al de servicios, se recurre a la distinción “ya firmemente consagrada en doctrina y jurisprudencia” entre las obligaciones de actividad, de medios o de diligencia, y las obligaciones de resultado, justificándose esta elección, no sólo para “caracterizar a cada una de las dos figuras contractuales”, sino también “para evitar la necesidad de acudir a enumeraciones casuísticas de los posibles contenidos de los contratos de servicios y de obra”.
Conforme a lo anterior, en el contrato de servicios “se promete una actividad de prestación en cuanto tal” mientras que en el contrato de obra “se asume la obligación de producir un resultado”, aunque el propio texto advierte de las posibles dificultades que entraña el acogimiento del binomio “medios-resultado” –y que ya habían sido puestas de manifiesto extensamente por la doctrina en esos años—porque “toda prestación de actividad tiende a la consecución de un resultado” y “la obtención de un resultado presupone una actividad encaminada a producirlo y adecuada para ello”. De ahí que el Proyecto emplee como directriz primordial esclarecer si el “resultado” –o “cuál de los posibles resultados”— ha sido incorporado al contrato, hasta el punto de que el obligado se haya comprometido a conseguirlo –con lo que será necesaria también su individualización— o, en caso contrario, su compromiso se ha limitado a “desplegar determinada actividad”.
En cualquier caso, se advierte que “habrá supuestos fronterizos en los que resulte problemática la adscripción a uno u otro tipo”, siendo necesario entonces acudir a la interpretación del contrato. Por lo tanto, el Proyecto, al igual que ocurría en los instrumentos de Soft law, se ve abocado a acudir a las reglas de la hermenéutica para dilucidar el objeto de las obligaciones contractuales, fracasando, a mi juicio, en su aspiración de descargar a los Tribunales de esta tarea.
Conforme a la Exposición de Motivos, el articulado del texto presenta una definición del contrato de servicios y de obra, en los artículos 1.583 y 1.588 respectivamente, definiendo el primero como aquél en que “una de las partes se obliga, a cambio de una retribución, a realizar determinada actividad en sí misma considerada y no por su resultado” y el segundo como el “que el contratista se obliga a ejecutar determinada obra a cambio de la prestación convenida o, en su defecto, de la que resulte de los usos”. Añade además una noción de “obra” en sentido amplio, al entender que no sólo se refiere a la construcción, reparación o transformación de una cosa, sino también a la obtención de cualquier otro resultado convenido por las partes. En mi opinión, no tiene explicación que el Proyecto emplee el término “obra”, que se circunscribe específicamente al ámbito de la construcción, incluyendo dentro de él el concepto más genérico de “resultado” y dejando sin delimitar qué debe entenderse con esta referencia difusa a “cualquier otro resultado convenido por las partes”. Precisamente, como afirma CRESPO MORA[88], una de las mayores dificultades de la distinción entre obligaciones de medios y de resultado radica precisamente en la confusión que provoca el término “resultado” porque es un concepto “indeterminado y relativo” que ha constituido el principal punto de fricción en la doctrina.
El Proyecto de Reforma de 1994 finalmente no llegó a materializarse y hasta el año 2009 no se produce el encargo a la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación la redacción de una Propuesta para la Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos, que también quedó en el olvido hasta el pasado año 2023 en que se produjo su revisión que, en mi opinión, ha constituido una profunda transformación. Destacar a este respecto que no se encuentra rastro alguno ni en la Propuesta de Modernización ni en su revisión de la distinción “medios-resultado” ni en materia de obligaciones, ni para referirse a la prestación, ni en el ámbito de la responsabilidad del deudor, ni en cuanto al incumplimiento. Parece que los redactores han querido obviar a toda costa esta distinción, relegándola a un absoluto olvido y apartando así toda la problemática que la doctrina civilista llevaba años advirtiendo, declinando el criterio que seguían las propuestas de armonización del Derecho europeo y no queriendo incorporar la línea seguida por la jurisprudencia desde hacía años. Se evita en todo momento el empleo expreso o implícito de esta distinción para referirse a cualquier materia en el campo obligacional o contractual[89], pasando por alto la referencia a “medios” o “resultados” en la clasificación de las obligaciones, que se regula el Capítulo II[90] o al abordar el cumplimiento de las obligaciones, asentado ahora sobre la satisfacción del derecho del acreedor. En coherencia con todo lo anterior, el incumplimiento se articula como la no realización exacta de la prestación principal o –se añade y es aquí donde debe entenderse incluido el deber de conseguir un resultado— cualquier otro deber o deberes que resulten de la relación obligatoria.
En la propuesta de 2009 se prefirió realizar una alusión genérica a que las partes puede incluir en el contrato las estipulaciones “que libremente deseen”, obligándose “del modo que tengan por conveniente”, con la única limitación de las leyes, la moral y el orden público y pudiendo resolver el contrato cuando se incurra en un incumplimiento “que, atendida su finalidad, haya de considerarse como esencial”. Por tanto, claro destierro del binomio “medios-resultado” en la Propuesta de 2009 que se sustituye por la genérica referencia a la libertad de las partes para establecer las obligaciones que deseen. Sin embargo, lo que no abandona esta Propuesta es la división de las obligaciones por su objeto, manteniendo la distinción entre obligaciones de dar, hacer o no hacer.
Como se ha mencionado anteriormente, esta Propuesta de Modernización quedó en el aire y no cristalizó en reforma alguna y, quizás por ello, en el año 2018, la Asociación de profesores de Derecho Civil, publicó una Propuesta de Código Civil, en el que tampoco contemplada el binomio “medios-resultado” en materia de obligaciones y contratos, pero que seguía la Propuesta de Modernización de 2009 en cuanto que ofrecía una noción de obligación centrada en la realización por parte del deudor de una prestación de dar, hacer o no hacer y en la satisfacción del interés legítimo del acreedor[91]. En coherencia con lo anterior, el incumplimiento acontecerá cuando el deudor no lleve a cabo exactamente y de forma íntegra la prestación principal, pero también cuando contravenga cualquier otro deber que resulte de la relación obligatoria[92], toda vez que, en el artículo 525-1, se prevé que los contratos obligan “no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso y a la ley”[93].
Junto al principio de buena fe contractual como principio interpretativo en el ámbito del incumplimiento, el artículo 518-13 recurre a la noción de “finalidad” del contrato para establecer si el incumplimiento en que hubiera incurrido el deudor se podría considerar “esencial” o no, dando lugar o negando la posibilidad de su resolución. En este sentido, si, atendida la finalidad del contrato, se considera que el incumplimiento acontecido ha incidido de manera directa en ella, ocasionando su no satisfacción, entonces el acreedor podrá instar la resolución del contrato[94]. En este marco genérico, parece que se habría que entender comprendidos los supuestos en que la actividad que debe desarrollar el obligado deba desembocar necesariamente en la obtención de un resultado concreto, entendido éste como finalidad que una de las partes persigue con el contrato y que, pactada expresamente o no, se derive de la propia naturaleza de la obligación, de los usos y normas aplicables y atendiendo el principio de buena fe contractual. Sin embargo, se silencia cualquier concreción en este sentido, prefiriendo la utilización de un término genérico –finalidad del contrato— que siempre deberá fijarse a posteriori –en el caso de que se produzca un incumplimiento—aplicando las reglas de la hermenéutica jurídica[95]. Sí se realiza, no obstante, una referencia explícita en esta Propuesta a la diligencia que debe observar el obligado en el cumplimiento de sus obligaciones, remitiéndose para ello al arquetipo de la “persona razonable”[96].
Destacar, por último, que la Propuesta sí emplea una referencia al “resultado” en la regulación del contrato de obra que se lleva a cabo en el Libro V, Capítulo III, en el que, alineándose con la Propuesta de Modernización del año 2009, ofrece también una noción amplia del término “obra”, incluyendo “la creación, construcción, instalación, programación, transformación, rehabilitación, reparación, mantenimiento o demolición de toda clase de bienes, así como la realización de invenciones”[97]. El hecho de que se evite el empleo del término “resultado” y se circunscriba al contrato de obra exclusivamente se debe entender, a mi juicio, como la plasmación evidente del rechazo absoluto que en estos años ya existía respecto a cualquier referencia a la distinción “medios-resultado” en el ámbito obligacional, que se había cristalizado en la Propuesta de Modernización del año 2009 y que ahora volvía a materializarse.
Como he mencionado anteriormente, tanto la Propuesta de Modernización llevada a cabo por la Comisión General de Codificación como la de Reforma del Código Civil presentada por la Asociación de Profesores de Derecho Civil, quedaron finalmente sin ninguna plasmación legislativa. Hay que esperar hasta el pasado año 2023 para encontrar una nueva actuación en este sentido por parte del Ministerio de Justicia como encargo a la Comisión General de Codificación para que revisara la Propuesta de Modernización que se había llevado a cabo en el año 2009. No obstante, en mi opinión, más que una revisión, lo que se ha realizado en materia obligacional y contractual es una verdadera reforma que, si llega a obtener el respaldo legislativo, llevará consigo un notable impacto en la concepción existente hasta ahora en este ámbito.
En efecto, como se ha tenido ocasión de comentar, la Propuesta de 2009 ya había modificado profundamente la distribución original de las obligaciones que sigue vigente en el actual Título I del Libro IV del Código Civil, pero la revisión de 2023 va un paso más allá al suprimir la tradicional distinción de las obligaciones consistente en dar, hacer y no hacer alguna cosa y que se acogía también en el artículo 1088 de la Propuesta de 2009. Sin embargo, ahora se suprime esta distinción, según consta en la Exposición de Motivos de 2023, alegando que “se ha tratado de simplificar el contenido de este capítulo, evitando las diferenciaciones puramente académicas que no resultan útiles ni necesarias”, citando expresamente “la añeja distinción entre las obligaciones de dar, hacer y no hacer”[98]. En su lugar, se lleva a cabo en el capítulo II, bajo el título “clases de obligaciones”, una relación bastante poco exhaustiva, en la que, sin atender a ningún criterio o pauta, se alude directamente a las “obligaciones de entregar”, las “alternativas”, las “condicionales”, las “obligaciones a plazo” y las “obligaciones duraderas”, a las que se añade en el siguiente capítulo, esta vez sí, con base en el criterio de la pluralidad de sujetos, las “obligaciones solidarias” y las “mancomunadas”. En este elenco, por tanto, no queda ya huella alguna del binomio “medios-resultado”, cosa que ya ocurría en la anterior Propuesta, pero esta vez se va más allá, haciendo desaparecer también la referencia clásica en materia obligacional referente a la triple perspectiva de la prestación de “dar-hacer-no hacer”, implantada por las reformas de los Códigos Civiles europeos que se han llevado a cabo en los últimos años, que, lideradas por la francesa, la han desterrado de sus articulados con la finalidad de poder armonizar los distintos ordenamientos y poder aspirar a la –quimérica— unificación del Derecho de contratos en Europa.
Lo que no se abandona en la Propuesta de 2023 es el principio de buena, que se configura como rector en este ámbito junto con el de libertad contractual, extendiéndolo, no sólo a la celebración y ejecución del contrato, sino también a las negociaciones previas[99].En este amplio marco, el nuevo artículo 1088 no ofrece una definición de obligación, limitándose a decir que, en virtud de ella, “el acreedor tiene derecho a exigir al deudor una prestación”, que “ha de satisfacer un interés legítimo del acreedor” y el deudor, en la ejecución de la prestación, está obligado a “actuar con el cuidado necesario para no dañar al acreedor”. Así, el interés legítimo del acreedor será el parámetro que configure el contenido de la obligación, que el deudor deberá ejecutar con el cuidado necesario, en clara referencia a la diligencia, aunque se emplee el término menos preciso y técnico de “cuidado necesario”. Conforme a esta noción, el concepto de incumplimiento se centra en la situación de que el deudor no ejecute “exactamente” la prestación debida –la principal, se entiende—, a la que se añade el incumplimiento de “cualquier otra exigencia” que lleve a la no satisfacción del interés del acreedor[100]. Por ello, se debe entender que, si la relación obligatoria exige la obtención de un resultado por parte del deudor, parece claro que éste será exigible, por aplicación del principio de buena fe que lleva a que éste se encuentre comprendido en la prestación y sea exigible por formar parte del “interés” del acreedor, que debe resultar satisfecho. También se añade la libertad de las partes para establecer la finalidad al que se encamina el contrato y que será empleada igualmente como criterio de interpretación de sus cláusulas, en caso de discordancia[101]. Esta noción de “finalidad del contrato”, que se había adoptado en la anterior Propuesta y que viene a sustituir a la confusa noción de causa del contrato, como he comentado anteriormente, puede comprender la necesidad de la obtención de un resultado concreto cuando la propia actividad contratada así lo requiera. Sin embargo, cualquier referencia al binomio “medios-resultado” se ha eliminado de raíz[102], prefiriéndose el recurso a una delimitación genérica de la relación contractual en el que las partes puedan establecer libremente sus obligaciones y encuentren limitación también en principios rectores, esta vez sí, que son propios de nuestra tradición jurídica, como el principio de buena fe.
Mientras las propuestas van en el sentido de soslayar a toda costa la distinción “medios-resultado”, parece que la jurisprudencia se resiste a abandonarla, al menos mientras se encuentre vigente el Código Civil en su redacción de 1889 que regula los –mal denominados— arrendamientos de servicios y de obra. Así, la reciente sentencia STS 188/2022, por la que se resuelve el recurso de casación interpuesto por Commcenter, S.A. (empresa distribuidora oficial de Movistar), y confirma la sanción impuesta por la Agencia Española de Protección de Datos por infracción del Artículo 9.1 de la ahora ya derogada LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por la filtración que se realizó de numerosos datos personales de clientes por el envío de catorce contratos a una cuenta de correo electrónica errónea. La Sala III consideró que la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales no se puede considerar una “obligación de resultado”, de tal manera que “producida una filtración de datos personales a un tercero exista responsabilidad con independencia de las medidas adoptadas y de la actividad desplegada por el responsable del fichero o del tratamiento”. Se afirma que en las obligaciones de resultado existe un compromiso de ejecutar un determinado objetivo que lo asegure, mientras que en las de medio, el compromiso que se adquiere consiste en adoptar los medios técnicos y organizativos que puedan considerarse razonablemente idóneos y suficientes, así como desplegar una actividad diligente en su implantación y utilización, pero añade que todo ello siempre debe estar encaminado a conseguir el resultado esperado. En este sentido, añade la Sala que la diferencia tiene transcendencia en el ámbito de la responsabilidad del deudor, puesto que, en las primeras obligaciones, éste respondería por no alcanzar el resultado comprometido, con independencia de la causa que lo haya provocado o diligencia que haya empleado, mientras en las denominadas “de medios” o “de comportamiento” bastaría con comprobar que han existido las precauciones necesarias y se ha empleado la diligencia adecuada para conseguir ese fin “entendida como una diligencia razonable atendiendo a las circunstancias del caso”[103].
En definitiva, en la actualidad existe un panorama complejo en el que las tendencias de las propuestas que pretenden la modernización del Código Civil han optado claramente por enterrar la distinción “medios-resultado”, que tantas discusiones doctrinales generó y que tan poco consenso obtuvo, pero que la jurisprudencia se resiste a su abandono, recurriendo a ella cuando se trata de dilucidar la responsabilidad del obligado en los contratos de servicios y obras. La dificultad en este ámbito se ha acentuado con la revisión de la Propuesta de Modernización porque, continuando la directriz de las reformas de los Códigos Civiles llevadas a cabo en los últimos años –y en la que destaca la francesa por la repercusión que tiene en nuestro Derecho Civil— y, en mi opinión, basada en una errónea aspiración de eliminar trabas a una futura unificación en la esfera contractual, se ha eliminado también la clásica distinción entre obligaciones de dar, hacer o no hacer alguna cosa, que estaba plenamente asentada en los Ordenamientos, que no generaba ninguna confusión ni conflicto y que, por el contrario, sí clarificaba el régimen de las obligaciones. Creo que es un error renunciar a la tradición romanística que es precisamente el sustrato de los Ordenamientos europeos continentales y constituye el nexo para lograr la unificación –y no armonización, como apunta MURILLO— del anhelado Derecho común[104].
Para concluir este trabajo haré referencia al tratamiento de las obligaciones en las fuentes romanas en las que se puede encontrar el precedente de la distinción “medios-resultado”, si bien desde la perspectiva siempre de las obligaciones que tenían por objeto un facere, noción genérica en el que los juristas romanos examinaron la multiplicidad de prestaciones a las que las partes podían obligarse en un contrato, habida cuenta la complejidad que entrañaban las relaciones comerciales para una potencia económica y el interés que había para el establecimiento de un derecho aplicable en el ámbito contractual internacional.
V. EXAMEN DE LAS FUENTES DEL DERECHO ROMANO: UNA VISIÓN DESDE LAS NOCIONES DE OPUS Y OPUS FACERE.
El método empleado por los juristas romanos, que excluía la sistematización de cualquier institución[105], ocasiona que las fuentes no presenten de forma explícita ninguna clasificación de las obligaciones y menos atendiendo al binomio “medios” y “resultado”, aunque sí se pueden encontrar numerosos textos con referencias a determinadas obligaciones generadas en la –denominada doctrinalmente— locatio-conductio operis[106], que, para la satisfacción del interés del acreedor, llevaban aparejado el deber de alcanzar un resultado determinado[107].
Dejando a un lado la extensa polémica doctrinal acerca del tratamiento unitario de la locatio-conductio[108] —tema complejo y que todavía se encuentra abierto a la reflexión—sí creo conveniente advertir la notable dificultad que existe para encontrar un régimen general aplicable a este contrato porque las fuentes lo configuran con una amplísima diversidad tipológica, que resulta más acentuada en las prestaciones que consistían en la realización de algún trabajo[109]. Esta multitud heterogénea de prestaciones ocasionaba, además, que los contornos de la locatio-conductio acabaran siendo muy difusos en relación con otras figuras, como la compraventa, el mandato, el depósito o el comodato[110]. Pese a lo anterior, la locatio-conductio que tenía por objeto lo que las fuentes denominan operae –y que, modernamente, sería equivalente a la prestación de un servicio— es donde se encuentran las prestaciones en las que el trabajo, labor o actividad a desarrollar por el obligado podía exigir la obtención de un resultado concreto –opus— que, en palabras de LABEÓN, sería la consecución, con el con el trabajo que se había llevado a cabo, de un corpus perfectum[111]:
D. 50, 16, 5, 1. (Paulus 2 ad ed.). "Opere locato conducto": his verbis labeo significari ait id opus, quod graeci apotelesma vocant, non ergon, id est ex opere facto corpus aliquod perfectum.
El significado del término opus comprendería la obtención de todo tipo de productos materiales confeccionados, bien a partir de una materia prima, bien de otro objeto ya existente, siempre como colofón de una actividad humana –manufactura—. Quedan, pues, integrados en la noción de opus la construcción de una cosa[112], la confección de joyas, vasos de plata, anillos de oro[113]o la fabricación de prendas de vestir[114].Ahora bien, la noción de opus va más allá, porque se encuentra complementada en las fuentes con la de opus facere, que no se ciñe a la obtención de un resultado que implique la corporeidad de un objeto, sino que incluiría la propia culminación de un trabajo, labor o actividad a la que, de forma natural, se encuentra encaminada y puede ser prevista en el momento de la perfección del contrato. Esto es, se trataría de la consecución del fin último al que el trabajo que se debe llevar a cabo está teleológicamente encaminado, pudiéndose entender, como afirma WUBBE, dentro de este concepto el propio trabajo realizado por el obligado, que tendría así “un sens actif (l'action de travailler) et un sens passif (le produit de ce travail)”[115].
Tareas o labores como apacentar un rebaño[116], enseñar un oficio[117], lavar o limpiar prendas de vestir, pulir una joya, esculpir una piedra preciosa, o actividades consistentes en el transporte de mercancías[118] o personas[119] o el hospedaje, que se califican como locatio-conductio, comprenden actividades en las que no se va a obtener ningún producto con entidad física, pero que, sin embargo, su ejecución sí exige que desemboque en un resultado específico que va más allá del trabajo realizado –se debe conseguir que la prenda quede limpia, que la mercancía llegue a su lugar de destino o que la joya se haya pulido—, quedando integrado en la prestación y pudiendo ser exigido al obligado[120]. Este desenlace, propio de la labor ejecutada, que es inmaterial pero determinado, sería lo que en los textos se denomina opus faciendum y su tratamiento se realiza también en el marco del contrato de la locatio-conductio. Pero incluso cuando se trata de la edificación de una casa, que claramente se puede calificar como obligación de resultado, se afirma en D. 19, 2, 22 (25), 2, que el objeto del contrato es el trabajo del constructor –por tanto, no el producto (resultado) obtenido que sería la casa— y ello porque se entiende que lo que existe es la necesidad de construir esa casa –id est faciendi necessitatem— y, por ello, el constructor locat enim artifex operam suam:
D. 19, 2, 22 (25), 2. (Paulus 34 ad ed.). Cum insulam aedificandam loco, ut sua impensa conductor omnia faciat, proprietatem quidem eorum ad me transfert et tamen locatio est: locat enim artifex operam suam, id est faciendi necessitatem.
Esta misma idea se encuentra en D. 19, 2, 59 (62), en el que se emplea la expresión domum faciendum para referirse a la construcción de una casa –al trabajo de construir una casa— y en la parte in fine de D. 19, 2, 36 (39), donde se afirma que non enim amplius praestari locatori oporteat, quam quod sua cura atque opera consecutus esset, no exigiéndose, por tanto, al constructor más riesgo que el asumido con su trabajo[121]. En este sentido, MASI[122] ha puesto de relieve que la denominada locatio conductio operis incluiría tanto la hipótesis en que la res se entrega para que se lleve a cabo un trabajo determinado como la que el locator proporciona un proyecto exacto de la obra que se quiere ejecutar sin que se entregue ninguna cosa, denominándose esta última opus faciendam[123].No obstante, el régimen jurídico es idéntico en ambos casos. Así, por ejemplo, para el caso de mesoneros, venteros o marineros, se afirma en D. 4, 9, 5, pr., que reciben la retribución por hospedar a las personas, albergar a los caballos en los establos o por transportar pasajeros, al igual que ocurre con el lavandero y el sastre, que pro arte mercedem accipiunt[124]:
D. 4, 9, 5, pr. (Gaius 5 ad ed. provinc.).Nauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut viatores manere in caupona patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud eum stabulari: et tamen custodiae nomine tenentur. nam et fullo et sarcinator non pro custodia, sed pro arte mercedem accipiunt, et tamen custodiae nomine ex locato tenentur.
El texto hace referencia, indistintamente, a oficios en los que se exige llevar a cabo una tarea encaminada hacia un fin determinado –como el hospedaje o transporte— y a otros en los que la actividad da lugar a un producto material –como el sastre—, aunándolos en una sola categoría al entender que el objeto del contrato –y por lo que reciben la retribución— es el trabajo desarrollado por ellos. En el mismo sentido consta en D. 19, 2, 2, 1, esta vez en referencia al joyero, afirmando igualmente que mercede pro opera constituta[125]:
D. 19, 2, 2, 1. (Gaius 2 rer. cott.).Adeo autem familiaritatem aliquam habere videntur emptio et venditio, item locatio et conductio, ut in quibusdam quaeri soleat, utrum emptio et venditio sit an locatio et conductio. ut ecce si cum aurifice mihi convenerit, ut is ex auro suo anulos mihi faceret certi ponderis certaeque formae et acceperit verbi gratia trecenta, utrum emptio et venditio sit an locatio et conductio? sed placet unum esse negotium et magis emptionem et venditionem esse. quod si ego aurum dedero mercede pro opera constituta, dubium non est, quin locatio et conductio sit.
La lectura de las fuentes, por tanto, pone de manifiesto que los juristas romanos trataban las obligaciones generadas en la locatio-conductio cuyo objeto era la realización de un trabajo o actividad por una de las partes de forma unánime, sin que tenga relevancia que ésta llevara aparejada la obtención de un resultado material o inmaterial. Este régimen unitario era debido a que las obligaciones generadas en el marco de este contrato se incluían en la categoría genérica de las obligaciones cuyo objeto consistía en facere, en las que, dada su estructura compleja, admitían una multitud de prestaciones muy diversas y dispares entre sí –entregar una cosa, pagar, juzgar o pasear[126]— y en las que también se incluían la construcción de una casa, la cavada de una fosa o, en general, todas las que implicaran la devolución de una cosa –reddere—[127]. De ahí que se afirme, en general, en D. 19, 2, 22 (25), 1 que quoties autem faciendum aliquid datur, locatio est, estableciendo claramente que se genera la locatio-conductio cuando se “da para hacer algo”.
Sin entrar en el discutido praestare[128], lo que sí aparece claramente identificada en las fuentes son las obligaciones consistentes en dare –referida a la transmisión de la propiedad del objeto que se entrega[129]— y enfacere, configurada como una obligación genérica en la que es posible englobar una multitud de prestaciones[130], algunas que llevarán aparejada la producción de un producto físico o la consecución de un resultado específico, pero que, en cualquier caso, lo relevante será el trabajo, labor o actividad llevada a cabo por el obligado, porque ésta deberá ser ejecutada conforme a la diligencia que exija cada caso y bajo el principio de la buena fe contractual, entendido como deber genérico de lealtad[131]. Ello exigía del deudor, no sólo la realización del trabajo o el resultado de la actividad o la producción del objeto material –núcleo esencial de la obligación principal—sino la realización de cuantas actuaciones se consideraran necesarias y la adopción de cuantas cautelas fueran pertinentes para asegurar el buen fin del contrato y, con ello, la satisfacción total del interés del acreedor[132].
El criterio para la imputación de responsabilidad al deudor, tanto si la actividad debía concluir con un producto como si debía desembocar en un resultado concreto, también era el mismo en uno y otro caso, porque en ambos casos se aplicarían el dolo y la culpa –junto con la diligencia y custodia[133]—. Por ello, en D. 4, 9, 3, 1, se afirma de forma genérica que en la locatio-conductio se presta culpa y en D. 19, 2, 9, 5se toma la impericia como parámetro de imputabilidad cuando el obligado actúa en el ejercicio de su oficio, como en el caso del sastre o del orfebre[134] o la diligencia cuando se está haciendo referencia a constructores o navieros para el establecimiento de la responsabilidad[135] en ejercicio de la actio locati y conducti[136].
En definitiva, en mi opinión, se puede afirmar que en la locatio-conductio que tenía por objeto la contratación de servicios, tanto si éste debía finalizar con la obtención de un producto material como si debía concluir con la consecución de un resultado concreto, donde se pone el acento en las fuentes es en el trabajo ejecutado, que será enjuiciado conforme a los principios generales de imputación de responsabilidad. Las nociones de opus y opus facere se emplean como figuras retóricas para designar el resultado de un trabajo, incluido el que es efecto y causa de éste, esto es, aquello que existe al final de un proceso, teniendo en cuenta la relación espacial, temporal o lógica de continuidad. El trabajo del profesional, su hacer, su conocimiento, se pone a disposición de la otra parte que obtendrá un opus, un resultado, como culminación de esa actividad, alcanzada con el opus facere, ya sea con la construcción, con la reparación, la limpieza, el transporte, siempre en el marco genérico de las obligaciones consistentes en un facere generadas en el contrato de la locatio-conductio.
VI. CONCLUSIONES.
La distinción de las obligaciones por aplicación del binomio “moyen-résultat” se había acogido en los instrumentos del Soft law como punto de consenso entre los distintos Ordenamientos nacionales europeos, ya que, aunque algunos de ellos no la contemplaban, era conocida en el ámbito doctrinal y se venía aplicando por sus Tribunales. No obstante, la falta de consenso que existió en innumerables cuestiones concernientes a esta división, que incluso afectaban a la propia terminología empleada, llevó a un progresivo abandono de la misma, llegando a poner en duda hasta la utilidad de esta forma de sistematizar las obligaciones. A ello se une que los instrumentos de armonización, que ofrecieron en sus articulados una serie de criterios para intentar clarificar cuándo una obligación podría considerarse de “medios” y cuándo de “resultado”, no condujo a un camino más fructuoso, toda vez que se efectuaron remisiones a conceptos vagos e imprecisos –persona razonable, idéntica condición, especial riesgo, etc.— que, lejos de clarificar nada, ellos mismos requieren una labor previa de interpretación, resultando poco útiles para tal fin.
La complejidad de la distinción “medios-resultado” ha llevado finalmente a que se produzca un total rechazo, desterrándola por completo en las reformas de los Códigos Civiles europeos que se han llevado a cabo en los últimos años. En concreto, en España, si bien el Proyecto para la reforma del Código Civil de 1994sí recogió el binomio “medios-resultado”, posteriormente, en la Propuesta de Modernización de 2009 se abandonó definitivamente, no quedando rastro de ella. En su lugar, se optó por destacar la tradicional forma de clasificación de las obligaciones desde la perspectiva de dar-hacer-no hacer. Sin embargo, el pasado año 2023, con la revisión de la Propuesta de Modernización de 2009, y con el pretexto de posibilitar la conformación del derecho común europeo en materia contractual, se ha procedido a eliminar también la división tripartita de las obligaciones en “dar, hacer o no hacer”, que se encontraba plenamente arraigada en nuestro Derecho y que no planteaba ninguna dificultad.
Este abandono, que se inició con la reforma del Código Civil francés y que se ha aceptado en España con la revisión de la Propuesta de Modernización, no me parece que sea positiva y menos si se efectúa sobre una justificación tan peregrina como la de resultar añeja. El facere, al que aludían los juristas romanos como categoría genérica que comprendía una gran variedad de prestaciones, a mi juicio, sigue resultando válida y útil en la actualidad para entender la exigencia en el deudor de un comportamiento diligente y conforme a los principios de buena fe y lealtad contractual. Afortunadamente, estos principios sí han permanecido como rectores en los instrumentos de armonización del Derecho europeo, en las propuestas de reforma de nuestro Código Civil y las reformas llevadas a cabo en los Códigos civiles europeos, pero estos principios se entienden desde la perspectiva del facere como marco genérico de aplicación en el ámbito contractual.
En este sentido, las fuentes romanas ya apuntaban que, en todas las obligaciones consistentes en un facere, incluidas las que implicaban la consecución de un resultado, se constata la exigibilidad al deudor de una actuación diligente, conforme a los deberes de buena fe y lealtad contractual. Conforme a estos principios rectores, la obligación de las partes se extendía al cumplimiento de todo aquello que fuera necesario para que el contrato llegara a buen fin, con independencia de que estuviera o no expresamente contemplado en el contrato[137]. Por tanto, creo que sería necesario el retorno a un marco general –la categoría general de las obligaciones de hacer— en el que se desarrollen la multitud de prestaciones que permiten las relaciones contractuales y dentro de las cuales se enmarquen las que lleven aparejada la consecución de un resultado específico o la obtención de un producto material. Desde este marco extenso, el papel de la buena fe como principio rector es esencial para que el contrato llegue a buen fin, para establecer las obligaciones implícitas que el propio contrato impone, bien por su naturaleza, bien por los usos habituales del comercio.
El planteamiento anterior es el que se ofrece en los PECL, que no hacen referencia alguna al binomio “medios-resultado” –por no constituir un elemento común en los Ordenamientos jurídicos de base continental—, recurriendo al principio de lealtad y buena fe contractual como principio rector del derecho de contratos, con la conceptualización de deber genérico de las partes en la relación contractual. No se ha seguido, lamentablemente, esta línea en las propuestas que ha habido de reforma del Código Civil español, en el que se ha eliminado la referencia a las obligaciones de hacer. Aun así, creo que esta supresión ha sido más formal que sustancial, ya que se continúa haciendo alusión a las obligaciones de dar y, por tanto, parece lógico pensar que el resto de obligaciones, aunque no se diga así, quedarían identificadas en esa categoría genérica del “hacer”. Si la actualización del Código civil supone el rechazo de principios o ideas arraigadas en nuestro Derecho con el único argumento de estar basadas en una supuesta tradición histórica que se considera trasnochada, no creo que sea un camino acertado porque creo que la modernización no debe suponer el rechazo de lo que tradicionalmente está funcionando sino, con un estudio serio del pasado, desechar lo que ya no es útil, pero también para retornar a las soluciones y planteamientos que sí resultan valiosos en el presente. Sólo un estudio riguroso del pasado puede conseguir una regulación precisa y duradera que pueda recoger y rendir el debido reconocimiento a ese sustrato común del que somos herederos los juristas europeos.
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