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ISSN 1989-1970 |
Octubre-2024 Full text article |
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Fecha de recepción: 16/07/2024 |
Fecha de aceptación: 23/10/2024 |
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Palabras clave: Derecho romano, Derecho Medieval; Siete Partidas; Prisión por deudas; Ejecución patrimonial. |
Keywords: Roman Law, Medieval Law; Seven Partidas; Imprisonment for debts; Enforcement of assets. |
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LA PRISIÓN POR DEUDAS EN LAS SIETE PARTIDAS: ANTECEDENTES Y REFERENCIAS
IMPRISONMENT FOR DEBTS IN ‘LAS SIETE PARTIDAS’: BACKGROUND AND REFERENCES[1]
Alejandro Valencia Virosta Doctor en Derecho Universidad Europea de Madrid ORCID : https://orcid.org/0000-0002-0439-5594
(VALENCIA VIROSTA, Alejandro. La prisión por deudas en las Siete Partidas: Antecedentes y referencias. RIDROM [on line]. 33-2024.ISSN 1989-1970. Pp 298-330. https://reunido.uniovi.es/index.php/ridrom)
Resumen: Actualmente en España no se puede ir a prisión como consecuencia del impago de una deuda, salvo que este impago guarde relación con la comisión de algún tipo de fraude o estafa (en cuyo caso podría considerarse la existencia de un delito económico). Sin embargo, esta postura no ha sido inquebrantable a lo largo del tiempo pues tanto en el derecho romano como en el derecho histórico español, entre otros, cabía la posibilidad de ir a prisión por el impago de deudas. A lo largo de la presente disertación se realizará un estudio sobre la obra magna de Las Siete Partidas adentrándonos en sus precedentes históricos
Abstract: Currently in Spain it is not possible to go to prison as a consequence of non-payment of a debt, unless this non-payment is related to the commission of some type of fraud or swindle (in which case it could be considered the existence of an economic crime). However, this position has not been unwavering over time, since in Roman law and in Spanish historical law, among others, there was the possibility of imprisonment for non-payment of debts. Throughout this dissertation a study will be made on the magnum opus of Las Siete Partidas, delving into its historical precedents. |
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SUMARIO: I.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN POR DEUDAS EN EL DERECHO ROMANO; II.- LA PRISIÓN POR DEUDAS EN LAS SIETE PARTIDAS; III.-CONCLUSIONES; IV.- BIBLIOGRAFÍA.
I.- INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES DE LA PRISIÓN POR DEUDAS EN EL DERECHO ROMANO
El derecho concursal castellano sienta sus raíces en el derecho romano, concretamente en el procedimiento de la cessio bonorum, pues ambas regulaciones confirman que una de las ventajas que ofrecía el procedimiento de cesión era, precisamente, la de eludir la ejecución personal, ya que ni en el procedimiento de la manus iniectio ni en el de la bonorum venditio ofrecían tales exenciones.
Es más, de las fuentes se extrae que si el deudor no satisfacía por completo sus deudas éste quedaba sometido a la ejecución personal. En este sentido se manifiestan diversos textos[2] que atestiguan la supervivencia de la ejecución personal en la época clásica, en plena vigencia del procedimiento de ejecución patrimonial de la bonorum venditio[3].
Así Soza Ried[4] sostiene que: «la afirmación de que la bonorum cessio evitaba, en todo caso, la ejecución personal, puede apoyarse en el siguiente fragmento: C. 7.71.1 Imp. Alex. A. Iranero» al decir que: «Porque este beneficio les aprovecha solamente para que, juzgados, no sean llevados a la cárcel»[5], siendo, por tanto, la postura que la doctrina[6] mantiene unánimemente.
En este sentido similar, Zambrana[7], y admitiendo dicha tesis mayoritaria, añade, no obstante, que la citada regulación no supone innovación alguna[8], sino que más bien pretendía zanjar las dificultades suscitadas como consecuencia del efecto liberatorio de la cesión sin haber satisfecho la totalidad de la deuda, y, además, en su opinión el: «‘non sunt liberati’ no alude al deudor en sentido físico sino al carácter ‘pro solvendo’ y no ‘pro soluto’ de la cesión de bienes porque la norma a continuación señala que el beneficio auténtico de la cesión va referido al que el deudor pueda evitar la prisión».
Concluye Lucien Guenoun[9], preguntándose acerca de la posibilidad de que el deudor hiciera uso de este beneficio cuando éste ya estaba en prisión, o cuando su ingreso en la misma era perentorio, sin embargo, no se atreve a dar respuesta alguna, aludiendo a la carencia de fuentes decisivas referentes a tal cuestión.
Finalmente, en relación con el régimen carcelario, opina Álvaro d’ Ors[10] que el citado fragmento de C. 7.71.1 se refería, necesariamente, a una prisión pública, y, lo mismo se debe deducir del fragmento de Pauli Sent. 5.26.2 al decir que: «Qui ideo in carcerem ducii iubentur quod ius dicenti non obtemperaverint quidve contra discipliam publicam fecerint».[11], ya que, siendo la cessio bonorum un beneficio concedido al deudor, sería difícil imaginar que el régimen de prisión privada comportara alguna ventaja y, por tanto, lo más conveniente sería que aquellos deudores que ocultasen maliciosamente su insolvencia fuesen conducidos a las prisiones públicas.
Así pues, Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades siguiendo a Panero[12], seguramente conforme a lo dispuesto en una Constitución del año 338[13], afirma que «Las prisiones privadas terminan por desaparecer y sólo subsisten las cárceles públicas donde puede ser encerrado el iudicatus, por los apparitores, por orden judicial, probablemente sólo en los casos de deudores fraudulentos y deudores del Fisco».
A tal respecto Emanuel Cuq[14] afirma que, en todo caso, a partir de la citada Constitución de Teodosio del año 338, el único competente para enviar a prisión, entendiendo por ésta la prisión pública, al deudor era el magistrado y que, si algún acreedor usurpaba tal prerrogativa, es decir, conducir al deudor a su prisión privada, éste cometería un delito de lesa majestad.
Sin embargo, como advierte Lucien Guenoun[15] tal práctica no quedó extinguida pues, pese a la prohibición establecida por la referida constitución del año 338, la prisión privada siguió produciéndose, especialmente en Egipto, para perseguir los créditos, quedando finalmente prohibida en el año 486 con la Constitución de Zenón[16] al extender, como apunta Emanuel Cuq[17], las penas a los magistrados que no cumplían con las leyes por el temor a las represalias de los acreedores poderosos que, obviando su decisión, ejecutaban las penas en sus prisiones privadas; aunque, expone Adolfo A. Díaz-Bautista Cremades[18], en años anteriores, concretamente en el año 345, ya existía un régimen de responsabilidad frente a aquellos funcionarios que aprisionaban al deudor condenándole al pago de la deuda de éste, en los términos marcados por la C. 10.11.3[19].
No obstante, coincidimos con Emanuel Cuq[20] que tal situación tiene, verdaderamente, su fin con Justiniano, quien decidió condenar a aquellos acreedores que cometieran tal delito con la pena de prisión por tiempo igual al que éstos hubiesen sometido a su deudor en prisión privada, tal y como se refleja en el texto de C. 9.5.2[21] diciendo: «Constitutio iubet, non haberi privatas custodias, et, qui hoc commiserint, et poenal subiici et tot dies peragere in publico carcere, quot quis fuerit in parata ab ipsis custodia inclusus, cuiuscumque sint fortunae vel dignitatis, et cadere eos causa, quae ipsis adversus inclusos competit, providentia episcopi et praesidis. Quodsi negligens fuerit praeses, et bonorum et salutis periculum subit», sin existir textos posteriores contrarios a tal disposición normativa.
Sin embargo, cuando estudiábamos la citada Ley IV del procedimiento de desamparo en el derecho castellano decíamos que, efectivamente, se contemplaba el régimen de prisión por deudas, con finalidad coactiva, sobre aquellos deudores que, voluntariamente, no querían desamparar los mismos, y, por tanto, a este respecto, no podemos servirnos de las fuentes referidas al procedimiento de la cessio bonorum, pues tal procedimiento nació esencialmente para eludir tal situación y no para reglamentar algún supuesto donde se contemplase tal medida coactiva, debiendo acudir, en consecuencia, a aquellas regulaciones que contemplen tal uso coactivo de la prisión, remontándonos, necesariamente, a la regulación romana relacionada con el procedimiento de ejecución personal.
Así, durante el periodo de las XII Tablas, el régimen carcelario en el procedimiento de ejecución personal de la manus iniectio tenía carácter privado y con un marcado carácter coactivo, pues, como narra Ricardo Panero[22], tras la addictio del magistrado en favor del acreedor éste tenía el derecho a llevarlo a su casa y proceder a su encarcelamiento durante un periodo máximo de 60 días, de modo que durante dicho periodo el deudor era encerrado en la prisión privada y personal de su acreedor, teniendo éste último la única obligación de alimentarlo y llevarlo a tres mercados consecutivos con la finalidad de que alguien pagase la cantidad adeudada del deudor antes de que la manus iniectio provocara sus efectos, esto es su venta como esclavo o su muerte, sirviendo, en consecuencia, este periodo de encarcelamiento privado como una medida coactiva destinada a que el deudor, o un tercero, satisficiera los distintos derechos de crédito de sus acreedores poniendo, de esta forma, fin a la situación de ejecución personal.
Posteriormente, tras las XII Tablas el procedimiento de ejecución personal sufrió una serie de transformaciones, naciendo así la manus iniectio pro iudicatio, la manus iniectio pura, y, finalmente, la lex Vallia de manus iniectione, y de las que brevemente enunciaremos algunas notas.
Respecto a la primera, es decir, la manus iniectio pro iudicatio, dice Pérez Álvarez[23], basándose esencialmente en el fragmento de Gayo IV.22[24], que «la ‘manus iniectio pro iudicato’ en nada difería de la más vetusta ‘manus iniectio iudicati’, ambas ponían al deudor en la imposibilidad de ‘manum sibi depellere et pro se lege agere’ y conduciendo también ambas, según los casos, o bien a un (nuevo) ‘iudicatum’ contra el ‘vindex’, o bien a la ‘addictio’ del deudor a favor del acreedor». Respecto a la segunda figura, continúa diciendo la autora que, siendo ésta más reciente que la anterior, simplemente introduce como novedad que «el deudor pueda liberarse de la manus iniectio por sí mismo sin necesidad de presentar un vindex, salvo en el caso del ‘iudicatus’ y del ‘sponsor’»[25].
Más interesante, al respecto, es la denominada lex Vallia de manus iniectione, principalmente por su coexistencia, en época clásica, con el procedimiento de ejecución patrimonial, permaneciendo vigente, durante los primeros siglos del Imperio, tanto la práctica de la addictio[26]como el aprisionamiento por deudas[27].
Como dice Ulpiano tal aprehensión corporal constituía una práctica corriente en dicho periodo, tal y como pone de manifiesto en el fragmento de D. 4.6.23 (l. XII ad ed.), al decir que: «Ait Praetor: «inve vinculis esset, secumve agendi potestatem non faceret»; haec persona merito adiecta est; fieri enim poterat, ut quis in vinculis praesens esset, vel in publica vel in privata vincula ductus; nam et eum, qui in vinculis est, si modo non sit in servitute, posse usu acquirere constat. Sed et is, qui in vinculis est, si defendatur, cessatrestitutio»[28]. Así pues, como relata Pérez Álvarez[29], los principales aportes de dicha ley versaban, por un lado, en admitir la propia defensa por los deudores a los que se les demandaba una aprehensión corporal, y en la sustitución de la poena capitis y la venditio trans Tiberim por la situación de in causa mancipii hasta el cumplimiento real de la propia obligación, esto es, la llamada prisión servidumbre, pues el actor seguía legitimado a conducir a la propia cárcel privada al deudor que no paga.
II.- LA PRISIÓN POR DEUDAS EN LAS SIETE PARTIDAS
El procedimiento de desamparo[30] de los bienes fue una institución creada en la Baja Edad Media por los juristas del rey Alfonso X, el Sabio, de carácter universal y colectivo.
Consistía en el abandono voluntario de la totalidad del patrimonio del deudor, decretado por un juez, en favor de sus acreedores hasta que se procedía a la venta individual de estos en almoneda con la finalidad de satisfacer los diferentes derechos de crédito existentes. Es por ello que esta institución supone una alternativa a la forma ordinaria de ejecución patrimonial de la sentencia, de ahí que su estudio no se haya encuadrado en la Partida III, reguladora de estos procedimientos, sino en la Partida V (Partida V, Tít. XV).
Así, este procedimiento fue introducido con finalidades que podríamos describir incluso como humanitarias para determinadas personas que cumplían una serie de requisitos, principalmente su buena fe, beneficiándose así de una serie de privilegios, como el beneficio de competencia.
Si bien comportaba un segundo efecto, esto es, la pena de prisión o, en sentido opuesto, el eximente de la obligación personal, es decir, el efecto liberatorio de la prisión que constituye y ofrece el beneficio de cesión de bienes respectivo.
En este aspecto el estudio de Francisco Tomás y Valiente[31]goza de una relevancia primordial.
Así las cosas, centrándonos en el procedimiento de desamparo, el autor realiza una serie de matizaciones, advirtiendo que no procede la prisión por deudas en los siguientes supuestos: a) como medio para asegurar la comparecencia del deudor a juicio, que se lleva a cabo por la vía de asentamiento en los bienes del deudor o prestando fiador, y, a falta de ambos, bastará con el mero juramento prestado por el demandado[32]; b) en el cumplimiento de sentencias judiciales, pues la Partida III establece el régimen de la ejecución patrimonial forzosa sobre los bienes del deudor vencido, no diciendo nada sobre la pena de prisión al deudor en el caso de que los bienes sean insuficientes para satisfacer los créditos de sus acreedores, e incluso cuando éste careciera por completo de ellos[33].
Más concluyente se manifiesta la Partida I[34] al establecer que «Mas por el deudo que devieren, no debe servir ni ser preso de ninguno, pero debe dar seguranza, la mayor que pudiere, que cuando hubiere alguna cosa, que pague lo que deba» y, además, al manifestar que «Pero el deudor que se encerrase en la iglesia, por miedo de la deuda que debiese, si aquel a quien la debiese, no se quisiese componer con él, e amenazándole, e por este miedo se hayase a la iglesia, no ha por que lo demandar a los clérigos. E si por su ventura alguno de aquellos que dieren seguranza por su jura, viniesen contra ella, haciéndole algún mal en el cuerpo, caería en perjurio el que lo hiciese, e además manda santa Iglesia que lo descomulguen por ello».
En definitiva, como sostiene el autor[35], Las Partidas sustituyen la prisión por deudas por el juramento a estar a derecho, la del deudor solvente por la ejecución patrimonial forzosa, y la del deudor insolvente de un solo acreedor por la responsabilidad patrimonial futura.
No obstante, sin perjuicio de lo advertido en los párrafos antes de éste, son las leyes del procedimiento de desamparo, en la referida Partida V, las que vienen a completar el régimen ejecutivo, y, de manera sucinta la pena de prisión por deudas.
En primer lugar, siguiendo el razonamiento del autor[36], en el texto de la Ley I[37] no puede apreciarse la prisión-servidumbre del deudor pues, de lo manifestado por dicha ley únicamente puede asegurarse que el deudor insolvente queda en libertad tras sufrir el desamparo de todos sus bienes en favor de los acreedores.
Sin embargo, es en la Ley IV del procedimiento de desamparo donde se encuentra la única referencia a la prisión por deudas en todo el texto castellano al admitir tal pena para aquellos supuestos en los que el deudor, voluntariamente, se negase a desamparar[38] sus bienes al expresar el texto legal que «por juicio condenado siendo alguno que pague las deudas que debiere a otro, si las no quisiese pagar ni desamparar sus bienes, según dijimos en las leyes antes de ésta, el juzgador del lugar débelo meter en prisión a la demanda de los que han de recibir la pada e tenerlo en ella, hasta que pague lo que debe o desampare sus bienes»[39], siendo, en este caso, la prisión un medio coactivo para obtener el desamparo de los bienes por parte del deudor.
Interesante también es la pregunta que se plantea Francisco Tomás y Valiente[40] al decir: «Pero ¿por qué no se ejecuta directamente su patrimonio como vimos que establecían otras leyes de la quinta Partida?», a la cual responde que: «Sin duda porque aquí se trata de una enajenación de todo el patrimonio del deudor, que deja a éste reducido a pobreza absoluta; y la ley no se atreve a intervenir en su patrimonio, sino que permite al deudor que en este caso extremo opte entre la cesión voluntaria de todos sus bienes (miseria absoluta) o la prisión indefinida en manos del juez».
Además, conforme al planteamiento mantenido por Francisco Tomás y Valiente, se pueden identificar dos regímenes diferenciados, esto es, cuando el deudor tenga un único acreedor o éste sea deudor de muchos, siendo la prisión, en este último caso, meramente un medio coactivo, y no una pena, para obtener los bienes del deudor, mediante el desamparo que de ellos haga el fallido, pues la diferencia principal entre el deudor de un único acreedor y el deudor de varios acreedores estriba, como advierte el autor[41], en la medida de la cesión de bienes por parte del deudor a favor del deudor de muchos.
Si bien, cabe mencionar brevemente aquí, como lo hace el autor[42], de los otros dos supuestos especiales de prisión por deudas en Las Partidas, a saber, la singular situación del clero con respecto al procedimiento de desamparo, y, en segundo lugar, a aquellos casos por el cual los deudores huían para evadir sus responsabilidades de pago.
Así las cosas, continúa el autor, de la prisión por deudas quedan excluidos los clérigos que sean deudores, a su vez, de otros clérigos, tal y como se establece en la Partida I, Tít. VI, Ley XIII[43], sin perjuicio de lo advertido con anterioridad respecto a la singular situación del clero en el procedimiento de desamparo de los bienes. En segundo lugar, en alusión al supuesto de huida del deudor, e igualmente tratado en páginas anteriores, la ley[44] describe que a aquellos que son deudores fugitivos pueden ser apresados por sus acreedores y éstos le han de privar de cuantos bienes tuviere con límite a la cantidad adeudada, quedando el resto sometido al régimen ejecutivo ordinario.
Junto al estudio, ya analizado, de Francisco Tomás y Valiente existen otros pronunciamientos en la doctrina española, si bien en el mismo sentido. Así Alejandre[45], conforme a lo dispuesto en la citada Ley IV manifiesta que en «Las Partidas sólo reconocerán un tipo de prisión por deudas, aquel que tiene por objeto constreñir al deudor a pagar, cuando habiendo sido condenado en juicio, se niega a cumplir la sentencia o a desamparar sus bienes».
También es necesario destacar las apreciaciones que Isabel Ramos Vázquez[46] hace al respecto. Así, la autora sostiene, al igual que mantenía en su tesis Francisco Tomás y Valiente, que la prisión por deudas, única y exclusivamente, tiene su manifestación en los límites de lo establecido en la Ley IV del procedimiento de desamparo, ya que la regulación de Las Partidas, además de obviar la figura de la prisión-servidumbre, fue más limitativa que la expresada, anteriormente, en el Fuero Real, pues, medidas como la prisión cautelar en la cárcel pública[47] con el fin de asegurar la comparecencia del deudor, o, la prisión como consecuencia de la insuficiencia de bienes del deudor en el régimen de ejecución patrimonial forzosa[48], no aparecen contemplados en el cuerpo normativo.
De modo que este caso excepcional de prisión por deudas, previsto en la referida Ley IV, dice la autora[49] ofrece al deudor la posibilidad de elegir entre la cesión voluntaria del total de sus bienes o la prisión indefinida a manos del juez, es decir, es una prisión voluntaria y a voluntad del propio deudor ya que, como se ha señalado con anterioridad, la cesión de bienes se configura como medida prioritaria a toda responsabilidad física o personal siendo un reflejo exacto de los principios adoptados del sistema del Ius Commune, tal correlación es manifestada entre otros por Gregorio López[50] en su glosa «en prisión» a la Partida V, Tít. XV, Ley IV.
En una investigación paralela[51], Ramos Vázquez hace hincapié en esta relación con la regulación romana destacando los esfuerzos realizados por los distintos autores castellanos por armonizar las leyes del derecho castellano con sus fuentes jurídicas, especialmente las normas establecidas en los textos de C. 7.71.1.4 y 7[52] y la jurisprudencia sentada en los fragmentos de D. 42.3.4[53] y 6[54] con la finalidad de distinguir entre las distintas maneras en las que se puede contraer una deuda para definir las diferentes conductas que eran aceptadas para solicitar el beneficio de cesión y evitar la cárcel, y aquellas excluidas del mismo por ser constitutivas de algún delito de alzamiento de bienes. A este respecto, la autora ve un reflejo de lo expresado, en líneas anteriores, en la obra De iustitia et iure libri decem, cuya autoría corresponde a Domingo de Soto, al decir: «Porque los que se conducen en sus negocios y los ejecutan engañosa y astutamente, ciertamente no debieran ser permitidos. Hay quienes no teniendo bien alguno, buscando prestado en una parte y otra, llegan a conseguir cierta confianza, que ellos llaman crédito. Y no contentos con este engaño, continúan viviendo espléndidamente y con mayor suntuosidad cada día. De esta manera llegan a contraer una deuda abrumadora, y agobiados por ella se acogen a algo sagrado. Esto ciertamente constituye una manera perniciosísima de robo, y no deben ser tolerados por la sociedad, según hemos de decir en el libro IV, sino que deben ser castigados como ladrones. Mas los que negocian de buena fe, pero desgraciadamente cayeron en la ruina, con la mejor conciencia pueden acogerse al beneficio de la ley, para librarse de la cárcel; para esto ha sido establecida la práctica de la cesión de bienes»[55].
Finalmente, se ve necesario describir brevemente cual sería el régimen carcelario al que estaría sometido tal deudor como éste que no quiere ni pagar sus deudas ni desamparar los bienes ante sus acreedores.
A este respecto, es obligado, en primer lugar, distinguir entre el régimen carcelario de prisión privada y el sistema público de carcelaje.
Respecto al primero de ellos, debemos decir que la doctrina es unánime al afirmar que Las Partidas no permitían tal sistema de privación de libertad pues, como afirma José Luis de las Heras[56], «En consonancia con el carácter de regalía que poseía toda la administración de justicia, el derecho de encarcelar se consideraba también un atributo exclusivo de la Corona»[57] y, en consecuencia, Las Partidas castigaban a los responsables de tal encarcelamiento privado con la pena de muerte, tal y como se pone de manifiesto en el fragmento castellano de la Partida VII, Tít. XXIX, Ley XV al decir expresamente que: «Atrevidos son a las veces hombres ahí a tener mandado del rey cárceles en sus casas o en sus lugares para tener los hombres presos en ellas. E esto tenemos por muy gran atrevencia e muy gran osadía e que van contra nuestro señorío los que de esto se trabajan. E por esto mandamos e defendemos que de aquí adelante ninguno no sea osado de hacer cárcel nuevamente, ni de usar de ella aunque la tenga hecha, pues no pertenece a otro hombre ninguno, ni tiene poder de mandar hacer cárcel ni meter hombres a prisión en ella, si no tan solamente el rey o aquellos que él otorga que lo pueden hacer, así como sus oficiales a quien otorga e da su poder de prender los hombres malhechores e de los justiciar, así como a los jueces de las ciudades o de las villas e a los hombres poderosos e honrados que son señores de algunas tierras a quien lo otorgase el rey que lo pudiesen hacer. E si otro de aquí adelante hicier cárcel por su autoridad o cepo o cadena sin mandado del rey e metiese hombres en prisión en ella, mandamos que muera por ello. E los nuestros oficiales donde hiciesen tal atrevimiento como éste, si lo supieren e lo no escarmentasen o lo vedaren o no lo hicieren saber al rey, mandamos, otrosí, que hayan aquella misma pena. Pero si algunos quisieren hacer cepos en sus casas para guardar a moros cautivos, bien lo pueden hacer sin mandado del rey, e no caen por esto en pena, pues que lo hacen para guardar sus cautivos en que tienen señorío e lo hacen para que no se huyan a tierra de moros»[58].
Sin embargo, dice Isabel Ramos Vázquez[59] que, pese a la indudable influencia del Derecho Común sobre esta nueva institución en Las Partidas, se desconocen las obras en las que se basaron los redactores del citado texto castellano, siendo destacable «conceptos como el ‘mero imperio’ se reflejan en la defensa del ‘Señorío’ del rey, y la asimilación del delito con los de ‘laesa maiestatis’ se manifiesta especialmente en la severidad de la pena de muerte establecida para el infractor».
Aclarada la prohibición del régimen de prisión privada, consecuentemente, estimamos que cuando la referida Ley IV se expresa diciendo «…el juzgador del lugar débelo meter en prisión…» [60] se refiere, sin duda alguna, al encarcelamiento en prisiones públicas, pues el texto de Las Partidas manifiesta que, una vez producida la detención del sujeto, los alguaciles le debían conducir inmediatamente a la cárcel pública donde el carcelero tenía la obligación de inscribirlo en el registro de entradas, en el cual se documentaba, entre otros datos identificativos, el nombre del reo, el lugar y día donde fue preso, así como la razón de su encarcelamiento[61].
Además, como expone la autora[62], de este sistema carcelario establecido en las leyes de Las Partidas se garantizan unas mínimas garantías para los reos derivadas de las obligaciones de los carceleros al recaer sobre éstos «la función de guarda del reo, evitando su muerte, sus lesiones o su huida durante los trayectos hacia la cárcel, o ante el juez, o entre una y otra jurisdicción, era otra de las funciones principales de los alguaciles o carceleros» así como «también lo era la custodia de los mismos una vez habían ingresado en la cárcel pública», siendo, en consecuencia responsables de las distintas irregularidades que pudiesen producirse al respecto y siendo éstos castigados con la misma pena del reo si, entre otros supuestos, éste moría o huía «por muy gran culpa o engaño»[63].
En resumen, podemos afirmar que Las Partidas contemplaban la prisión por deudas con un carácter esencialmente coactivo y, únicamente, en los términos previstos por la Partida V, Tít. XV, Ley IV, es decir, cuando el deudor voluntariamente se negase tanto al pago de sus deudas como al desamparo de sus bienes, siendo tal pena cumplida por medio del régimen carcelario público, prohibiéndose a tal respecto que estas penas fuesen cumplidas en cárceles privadas.
III.- CONCLUSIONES
Así las cosas, parece que el procedimiento de desamparo se sirve de dos fuentes jurídicas diametralmente opuestas, por un lado, toma del procedimiento de la cessio bonorum su consideración como efecto liberatorio de la prisión, mientras que, por el contrario, observamos como la referida Ley IV recupera el sistema de la ejecución personal recogido en las antiguas acciones de ley y que coexiste, en la época clásica, con el procedimiento de ejecución patrimonial de la bonorum venditio.
Así las cosas, en primer lugar, debemos confirmar el evidente esfuerzo de armonización, por parte de los juristas castellanos, del procedimiento de desamparo con el procedimiento romano de la cessio bonorum al configurarse ambos como instrumentos jurídicos tendentes a garantizar la libertad física de los deudores por medio del abandono de sus bienes ante sus acreedores y, en consecuencia, dotar de un efecto liberatorio de la prisión al régimen de la cesión de bienes, tal y como se manifiesta en ‘’De iustitia et iure Libri’’ de Domingo de Soto, quien, como dijimos anteriormente, ejemplifica tal armonía al decir que «Mas los que negocian de buena fe, pero desgraciadamente cayeron en la ruina, con la mejor conciencia pueden acogerse al beneficio de la ley, para librarse de la cárcel; para esto ha sido establecida la práctica de la cesión de bienes», estando dicho testimonio apoyado, esencialmente, en lo expuesto en el fragmento nuclear de C. 7.71.1 Imp. Alex. A. Irenaeo que sustenta tal efecto liberatorio en el procedimiento de la cessio bonorum que, como recordamos, decía «Porque este beneficio les aprovecha solamente para que, juzgados, no sean llevados a la cárcel», y que además ha sido aceptado de manera unánime por la doctrina.
Además, numerosos preceptos de la regulación castellana relacionados con las distintas formas de ejecución, como por ejemplo, los preceptos contenidos en la Partida III, Tít. II, Ley XLI o en la Partida I, Tít. XI, Ley II, confirman dicha intención de eludir la prisión por deudas al no manifestarse al respecto, e incluso a condenarla diciendo que «Mas por el deudo que devieren, no debe servir ni ser preso de ninguno», a excepción de lo previsto en la Ley IV que, en todo caso, al ser una decisión voluntaria del deudor supone una excepción a la prohibición general y al deseo del cuerpo normativo de suprimir tal desproporcional sanción.
Finalmente, enlazando con las últimas líneas del anterior párrafo, igual de evidente es la experiencia romana del procedimiento de ejecución en la referida Ley IV del procedimiento al contemplar la prisión como medio para coaccionar al pago de lo debido por parte del deudor, aunque con ciertas salvedades, pues la regulación recogida en Las Partidas no admite, de ninguna manera, ni el régimen de prisiones privadas ni tampoco la llamada ‘prisión servidumbre’.
Así, en primer lugar, pese a admitir la máxima, esto es el régimen de ejecución personal, no compartimos el sistema originario de las prisiones privadas condenando en el derecho castellano tal régimen con la pena de muerte, pues, como citábamos anteriormente, «En consonancia con el carácter de regalía que poseía toda la administración de justicia, el derecho de encarcelar se consideraba también un atributo exclusivo de la Corona», coincidiendo, por tanto, con la regulación contenida en la Partida VII, Tít. XXIX, Ley XV y con la constitución de Teodosio del año 338 donde, al igual que el procedimiento castellano se concedía exclusivamente tal potestad al órgano judicial competente y condenando a quien usurpaba tal prerrogativa con el delito de lesa majestad.
De igual manera, las coincidencias son igualmente manifiestas entre los fragmentos de C. 7.71.1 y Pauli Sent. 5.26.2 al referirse, como decía Álvaro d’Ors, a la ejecución personal dentro del sistema público carcelario, al que nos pronunciábamos en el párrafo anterior, y al establecimiento de una serie de medidas de responsabilidad, de obligado cumplimiento por los funcionarios correspondientes, tendentes a garantizar tal sistema público de prisiones.
Así, en referencia a este régimen de responsabilidad encontramos identidad entre ambas regulaciones, por ejemplo, entre el texto de C. 9.5.1, por el cual se condena a la prisión a los magistrados que incumplen las decisiones judiciales, y la Partida VII, Tít. XXIX, Ley IX, que contemplaba la misma pena para igual infracción. No obstante, cabe referirnos, pese a haber afirmado la evidente inadmisión del régimen carcelario privado, a la obligación que tenían los carceleros de dar de comer al reo, contemplada en la Partida VII, Tít. XXIX, Ley XI[64], siendo este reflejo de la regulación arcaica de la manus iniectio que, pese a la crueldad del sistema, obligaba al acreedor a alimentar al deudor.
Finalmente, en lo relativo a la forma de prisión servidumbre, que parece contemplarse en el régimen de la lex Vallia de manus iniectione, Las Partidas son tajantes pues, como decíamos en párrafos anteriores, ninguna persona debe servir a otra por las deudas que este tuviere, aunque si vemos cierta coincidencia, en este sistema, respecto al carácter ilimitado de la condena pues, en ambos procedimientos, la ejecución personal persistirá mientras no se pague la deuda o, en la regulación castellana, el deudor decida desamparar la totalidad de sus bienes.
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