El traslado de sede social intra-europeo y la protección de los socios y acreedores: análisis de la directiva (UE) 2019/2121

Resumo

El traslado intra-europeo del domicilio social se configura como una opción que permite a las sociedades elegir con posterioridad a su constitución el sistema legal que mejor se adapta a sus necesidades jurídicas. Durante décadas, esta cuestión estuvo regida únicamente por las previsiones del Derecho originario y las interpretaciones que del mismo ha desarrollado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La carencia de Derecho derivado que armonizase el ejercicio de la libertad de establecimiento y la divergencia entre los ordenamientos de los distintos Estados miembros de la Unión han conducido a diversas controversias en las que el Tribunal de Luxemburgo ha tenido oportunidad de delimitar el alcance y los límites de las competencias estatales para modular la movilidad transfronteriza societaria. La jurisprudencia maximalista de los jueces europeos en lo que respecta al traslado de domicilio social intracomunitario ha despertado el interés del legislador europeo para regular la cuestión. La Directiva (UE) 2019/2121, al tiempo que limita el aprovechamiento fraudulento de la libertad comunitaria para la elusión de normas nacionales, equilibra el derecho a la transformación transfronteriza con la protección de los intereses de los afectados por la operación: socios, acreedores y trabajadores.