Resumen
La celeridad en extender la utilización de programas informáticos
en los procedimientos administrativos para agilizar sus trámites y decisiones
exige diferenciar las categorías de automatización y cierta “inteligencia
artificial”, con el fin de reflexionar sobre su posible uso en las diversas manifestaciones
de la gestión de los intereses públicos. Tras ofrecer unas pautas de
regulación, la autora analiza el conflicto concreto que se discute ante los Tribunales
de Justicia, la información del código fuente del programa “Bosco”, que
fija el reconocimiento de un bono social término a determinados consumidores