Resumen
El uso de las tecnologías de la información en el Servicio público de Justicia tiene por finalidad la eficiencia y la eficacia en la resolución de los procedimientos. Una Justicia que pueda otorgar respuesta de calidad a los ciudadanos y que sea plenamente accesible para éstos. En aras de su consecución se requiere la colaboración de las diferentes administraciones competentes en la materia, de los profesionales y de los propios ciudadanos. Al efecto, el Real Decreto-Ley 6/2023, traza un cuerpo de medidas e instrumentos tecnológicos y un elenco de derechos y deberes digitales, con el objetivo último de contribuir al acceso a la justicia como derecho fundamental y elemento central del Estado de Derecho.