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Abstract
El derecho de acceso a la información ambiental emana de
las obligaciones internacionales contraídas por España y de su condición de
Estado miembro de la Unión Europea. La posibilidad de solicitar y obtener
información ambiental procedente de los poderes públicos, configurada como
una de las vertientes de participación de los ciudadanos y actores sociales en la
materia, resulta capital para promover el efectivo derecho al disfrute del medio
ambiente y requiere una serie de garantías formales, singularmente la posibilidad
de que cualquier denegación de acceso sea expresa y motivada y que
sólo se pueda producir bajo excepciones justificadas. La regulación del acceso
a la información ambiental en el ordenamiento jurídico español se encuentra
con distintas fuentes legislativas concurrentes, cuya aplicación conjunta resulta
controvertida. Analizamos en este artículo la reciente jurisprudencia del Tribunal
Supremo en la materia, la aplicación de las distintas normas en juego y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.