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Abstract
Desde la óptica de un Estado miembro de la Unión Europea, la tramitación de procedimientos amistosos o arbitrales puede acometerse al amparo de distintas bases habilitantes como son las cláusulas convencionales, el Convenio 90/436/CEE o la Directiva 2017/1852. La regulación de todas ellas en el ordenamiento interno español se encuentra dispersa en diversas disposiciones, adquiriendo especial relevancia el RD 1794/2008, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa. La estructura de este último no resulta especialmente intuitiva debido al elevado número de remisiones normativas y a la artificial diferenciación de procedimientos no sólo en función de la concreta autoridad competente ante la que se solicita el inicio sino también de la Administración de la que trae causa la acción generadora de doble imposición.