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Abstract
La adhesión a las Comunidades Europeas en 1986 supuso una renovación del Derecho español con cambios esenciales en la legislación y requirió la implicación de los tribunales. El proceso de descentralización iniciado con la adopción del Estatuto de Autonomía para Asturias de 1981 ha requerido la atención de legislador autonómico y de la Administración regional pero también ha supuesto el correspondiente control judicial. El estudio analiza las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales asturianos y las respuestas del Tribunal de Justicia en asuntos de gran relevancia como han sido, por ejemplo, la sentencia Marleasing sobre el principio de interpretación judicial del Derecho nacional de conformidad con las directivas; la sentencia Blanco Pérez sobre los límites de la autorización de oficinas de farmacia; la sentencia Vital Pérez sobre el derecho a la no discriminación por razón de la edad; o, en fin, la sentencia Vega González sobre los derechos de los funcionarios interinos por una Directiva sobre empleo temporal. También se estudian otros reenvíos prejudiciales, como en el caso Anged, y otras decisiones del Tribunal de Justicia en respuesta a recursos por incumplimiento contra España y otros recursos directos vinculados a Asturias.